El político “desleal”

Defienda usted, desde el FRAP, la validez de la lucha armada para derrocar al franquismo. Salga de la oscura clandestinidad convertido en el hombre de confianza del primer presidente socialista de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, que tendrá a bien nombrarle por dos veces consejero. Caído en desgracia, resucite y muéstrese ante el pueblo como el primer y principal colaborador áulico del candidato del PP a la presidencia del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, quien, pasado un tiempo, le responsabilizará de las áreas de Empleo y Bienestar Social. Alcance su cénit político con el tercer presidente valenciano, Francisco Camps. Con ese historial y un estrambote —portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas— resulta que llega uno que alcanzó la alcaldía de Castellón y la presidencia de la Generalitat sin pasar por las urnas (Alberto Fabra) y de un papirotazo pone fin a 40 años de dedicación a la vida pública por “desleal” y no por corrupto (presunto). Qué cosas.

Es Rafael Blasco, político curtido en mil batallas, un hombre de indudable ambición; y según una opinión generalizada, un codicioso de obras de arte. ¿Y desleal? Veamos. Fue fiel a Lerma hasta que este le denunció por algunas maniobras oscuras en la Consejería de Obras Públicas. Tras un periodo de ostracismo, obligado por su paso por los tribunales, asesoró a Zaplana, a quien un día abandonó en plena pelea de aquel con Camps, para ayudar a este. Su gesto fue debidamente recompensado. Pero estalló el caso Cooperación, el saqueo de las ayudas públicas valencianas al Tercer Mundo: ocho millones de euros evaporados. Y muchos dedos, entre ellos los de jueces y fiscales, apuntaron a Blasco.

Hombre inquieto donde los haya, hace poco, en un programa televisivo, se le ocurrió recordar que Alberto Fabra también fue imputado y no le ocurrió nada. El presidente valenciano, ante la sorpresa general, quiere arrojarle a las tinieblas exteriores de la política por desleal. Como si la petición de 11 años de cárcel para Blasco, por parte de la Abogacía de la Generalitat, no tuviera nada que ver con tal decisión.