Fantasmas inexistentes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene razón al afirmar que no deben verse “fantasmas volando” en el error cometido por la Agencia Tributaria respecto a la infanta doña Cristina. Seguro que las equivocaciones sobre la venta de 13 propiedades inmobiliarias proceden de personas de carne y hueso, a las que el ministro tiene la obligación de identificar. Cuando lo haga y el o los responsables se expliquen, las dudas y especulaciones quedarán zanjadas. Pero Montoro se limitó ayer a anunciar una investigación, seis días después del estallido del escándalo, y aplazó la respuesta a cualquier pregunta hasta el término de esa tarea, para la cual no comprometió fecha alguna. Es el ministro de Hacienda el que prolonga la incertidumbre.

El Gobierno sabe que los breves comentarios ofrecidos ayer nada tienen que ver con una información fiable. Bien está pedir disculpas en público por el error cometido, en primer lugar, a la Casa del Rey, pero eso no borra el pésimo efecto producido por el envío al juez de datos erróneos destinados a un sumario en el que se investigan infracciones tributarias y blanqueo de capitales, ni la parsimonia empleada para aclarar el origen de las equivocaciones. Desde el Ministerio de Hacienda se alude a que el error en la imputación de bienes inmuebles a doña Cristina de Borbón “es consecuencia de que la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo”, lo cual dibuja un panorama de notarías o registros públicos de diferentes puntos de España que, en diferentes fechas, confundieron los números de DNI de distintos propietarios con los dos dígitos y la letra que lleva el de la Infanta. Por si fuera poco, la Agencia Tributaria no reparó en ello. Tales suposiciones no son creíbles ni siquiera como hipótesis preliminar de la investigación pendiente.

La gran repercusión de este asunto se debe a la trascendencia pública de la persona afectada, en este caso un miembro de la familia del Rey. Pero lo que se cuestiona también es la corrección con la que se manejan millones de datos fiscales en la Administración Tributaria, hasta ahora tenida por seria y eficiente. Los ciudadanos tienen derecho a una explicación exhaustiva de los errores detectados, porque lo exige el interés general y para no contribuir más al descrédito de las instituciones.