Consenso en acción

El Gobierno ha elegido la estrategia más adecuada para iniciar la elaboración parlamentaria de la Ley de Transparencia: un acuerdo básico entre cuatro importantes formaciones políticas que suman el 90,5% de los escaños del Congreso. Poner en marcha en solitario, apoyándose en su mayoría absoluta, una norma tan compleja como esta —que incluye, además, el derecho de acceso a la información y normas de buen gobierno— hubiera sido un error catastrófico para el fin perseguido de profundizar en la democracia, regenerar la vida política y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Fuera del pacto provisional han quedado voces importantes, como la de la Izquierda Plural, pero es prometedor que los cuatro partidos de Gobierno (PP, PSOE, CiU y PNV) sustenten un principio de acuerdo para mejorar el proyecto. A partir de ahí, todo está por escribir, todo queda pendiente de los detalles, que es donde suele estar el diablo.

La música, a la espera de la letra, es sugestiva. Habrá menos excepciones de la regla general de la transparencia sobre el funcionamiento de las Administraciones públicas. Estarán sometidos a la norma la Casa del Rey, los partidos y los sindicatos, entre otros, y el seguimiento del cumplimiento de los preceptos ya no estará en manos del ministro de Hacienda de turno, sino de un organismo independiente. Son las grandes líneas directrices que han servido para el acuerdo de principio, pero que ahora se deberá desarrollar en un articulado creíble. De lo contrario, el Partido Popular se quedaría solo ante una iniciativa de crucial importancia; no solo porque España es uno de los pocos países europeos que no disponen de una Ley de Transparencia. También porque los casos de corrupción han convertido este proyecto en un paso trascendente para intentar poner coto a un corrosivo problema que parece enquistado en el sistema y para restituir credibilidad a la acción política.

Tras un año de comparecencias en el Congreso de los Diputados, se corre el riesgo de optar por una ley ómnibus que desemboque en un engendro impracticable: eso es lo que se debe evitar en la tarea que hay por delante. Quedan muchas lagunas: desde las excepciones que finalmente se contemplen a la transparencia hasta las funciones y sistema de elección del organismo independiente que dirima los casos. Gobierno y nacionalistas deberán explicar por qué las Administraciones locales y autónomas han de quedar fuera de su arbitrio, a pesar de su independencia, y despejar el temor a que se terminen dictando 17 normas distintas para evitar conflictos competenciales. El apartado relativo al buen gobierno es especialmente espinoso. Se han aumentado las penas para los malos gestores, lo que incluye la destitución de alcaldes, pero también quedan por delimitar las causas y quién tendrá la potestad de imponer sanciones, salvo que estas queden en el ámbito penal.