Póquer nuclear

La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña ha pedido un plazo (un año) para considerar las condiciones de explotación de la central, el Gobierno acepta el enredo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también. La secuencia de los acontecimientos convierte el caso Garoña en una astracanada. En breve: cuando el Gobierno anterior decidió cerrar la central (un error estratégico), Nuclenor y el PP se unieron en una virulenta campaña pública en favor de su continuidad; después de las elecciones, cuando el PP esperaba que Nuclenor (Iberdrola más Endesa) cumpliese las condiciones del CSN para prorrogar la explotación (inversiones de reposición y en seguridad), la empresa dejó pasar el plazo, porque, aseguró en una excusa transparente, en las nuevas condiciones legales y fiscales marcadas por el Gobierno, la planta no era rentable; ahora retrocede, pide una prórroga para reconsiderar las condiciones (antes tan clara e irremediablemente dañinas para la rentabilidad de la central) y compromete su propia credibilidad y la del Ministerio de Industria.

Todo este vodevil demuestra que 1) no es cierto el argumento de que Garoña esté abocada a pérdidas en las nuevas condiciones inversoras y fiscales; 2) Nuclenor, probablemente a instancias de Iberdrola, ha jugado una partida de póquer para forzar al Gobierno a retirar el nuevo marco impositivo energético (Garoña era, por así decirlo, el rehén de esta partida; y 3) Industria se ha plegado sumisamente al plante de Nuclenor, se ha inhibido del caso y está dispuesto a cubrir la retirada de Nuclenor.

El retorno de Garoña es la solución económica más razonable. Pero desgraciadamente revela la debilidad congénita del ministerio, un administrador capturado por el administrado. En lugar de dar la callada por respuesta al desafío del cierre, la respuesta política hubiera sido aceptar la decisión de Nuclenor, expropiar la central (puesto que ya no era rentable), reabrirla y destinar la electricidad generada a cubrir la demanda de las grandes empresas consumidoras, mediante contratos a largo plazo a un precio más bajo, acorde con la amortización cumplida de la central.