¿Cómo queremos ser gobernados?

La poliédrica crisis española ha sacado a la luz debates de gran calado político. Entre la algarabía, la directora de la Fundación Ideas codifica datos —el respaldo al sistema democrático ha bajado del 85% al 61% en cuatro años; el respaldo al sistema de partidos ha pasado de un apoyo mayoritario a que el 57% crea que pueden ser sustituidos por movimientos asamblearios— y extrae conclusiones razonables: los consensos básicos de la sociedad española han saltado por los aires.

Sobresale en este desordenado debate la discusión sobre la democracia directa o la representativa, muy estimulante aunque poco académica. Los partidarios de la democracia popular, sintiéndose claramente favorecidos por el apoyo social, aducen pocas razones. Mientras, los defensores de la segunda opción se mantienen escondidos a la espera de que el ambiente cambie y no sea necesario ni coraje, ni esfuerzo intelectual para defender sus posiciones.

Por ejemplo, la controversia ha oscilado desde el interior del PSOE —donde la forma de elegir al candidato ha sustituido al interés por su discurso— a iniciativas populares como la de la plataforma antidesahucios, aceptada en primera instancia en el Congreso por todos los grupos políticos y escasamente tenida en cuenta en el proceso parlamentario, por hacer referencia a dos ejemplos pacíficos y legitimados por sus fines y, sobre todo, por los medios propuestos o empleados. Pocos se atreven a exponer los aspectos positivos de la democracia representativa y sucumben ante la poderosa energía de los que defienden la acción asamblearia. Estos últimos, sin ver que la vida en libertad se define más por los límites, por lo que no se puede hacer, que por las utopías, rechazan los argumentos contrarios, convencidos de su absoluta razón, convirtiendo sus propuestas en sagradas.

Se sienten seguros y arrogantes al plantear inicialmente la pregunta: ¿Quién debe gobernar? Cualquier demócrata contestaría que el pueblo, la sociedad o, en el caso de los partidos, los militantes. No aceptaríamos que fuera una persona, estaríamos hablando de una dictadura, o un grupo, que sería una oligarquía. Aunque hoy es el día en que, insensibles a los dramáticos experimentos que la historia del siglo XX nos arroja a la cara, proliferan los partidarios de Gobiernos basados en la clase social, en una ideología o en grupos homogéneos integrados alrededor de sentimientos tan intensos como indeterminados.

Los defensores de la acción asamblearia
no ven que la libertad
se define más por
los límites que
por las utopías

Frecuentemente los partidarios de esta sofocante “hegemonía” son capaces de hacer armónica su pretensión totalizadora con la democracia directa: unos utilizando de forma instrumental las esperanzas de muchos, otros recurriendo a referendos legitimadores, que los españoles deberíamos rememorar.

Convendría recordar, sin embargo, que el enemigo permanente de estas inquietantes expresiones políticas ha sido la democracia representativa; experiencia que no invalida totalmente la defensa de la democracia directa, pero que debería introducir cautelas y moderación en los proteicos defensores de la democracia asamblearia. Y justamente la defensa de los derechos de la minoría, la preservación de las legítimas contradicciones que inevitablemente surgen en una sociedad libre y abierta, nos impone una pregunta anterior a la de ¿quién queremos que nos gobierne?: ¿cómo queremos que nos gobiernen?

Si queremos que nuestras propuestas e ideas, nuestra visión del mundo y de la sociedad de la que somos ciudadanos, por minoritaria que sea, se pueda imponer pacíficamente en el futuro, si le damos importancia a los derechos individuales, si tenemos derecho a la esperanza, la democracia representativa se convierte en el mejor marco posible. Es menos épica y más aburrida, es menos estimulante y más rutinaria, es menos simple y más contradictoria; en fin, parece más natural y también más sofisticada, pero justamente estas características son las que permiten más estabilidad, más libertad individual y han asegurado el marco de mayor progreso en las sociedades occidentales. A estas notas de carácter universal podemos sumar en nuestro país la necesidad de grandes acuerdos, imprescindibles para consolidar una convivencia cívica tan excepcional en nuestra historia, pero imposibles si “las plataformas sociales” se adueñan del espacio público. Razones, unas y otras, de distinta naturaleza a las esgrimidas por Montesquieu: “Enrique VII, rey de Inglaterra, aumentó el poder de los comunes para humillar a los grandes; Servio Tulio, mucho antes que él, había extendido los privilegios del pueblo para rebajar al Senado. Pero el pueblo cada vez más atrevido, derribó ambas monarquías”.

Pensemos en Suiza, un país que funciona y recurre con frecuencia a la consulta de su sociedad para decidir sobre asuntos de muy diversa índole. Pero cada país es producto de su historia y los suizos, que no solo han inventado el reloj de cuco, como dice Harry Lime, el personaje de Orson Wells en El tercer hombre, son capaces de oponerse a la ampliación de sus vacaciones. Aun más, Suiza es, sobre todo, un país poderosamente institucionalizado, en el que pueden “celebrar” 70 años sin huelgas —muy excepcionales y fuertemente penalizadas— y sin cierres empresariales importantes, situación que no satisface plenamente a los sindicatos suizos actuales. Han hecho compatible el recurso ocasional a los referendos con una vertebración institucional muy sólida. Cuando los recursos de la democracia directa cuestionan las instituciones de la democracia representativa, no cabe hablar de democracia; es otra cosa.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad.