Registro Civil: una reforma inaplazable

Desde la perspectiva que da el ejercicio durante más de 30 años de la actividad judicial, uno llega a la conclusión de que las grandes reformas jurídicas e institucionales que tanto esfuerzo económico y personal requieren de poco valen si no llegan al ciudadano, destinatario último de toda actividad pública. De nada sirve la proclamación constitucional del derecho a la salud si finalmente los hospitales no prestan sus servicios de manera eficiente, del derecho a la educación si los jóvenes no alcanzan un nivel suficiente de conocimientos, del acceso a la justicia si los tribunales no son eficaces por falta de medios humanos y materiales.

La situación actual de crisis económica, terrible, puede no obstante ser una gran oportunidad para reordenar algunos servicios esenciales del Estado. Pensemos en el Registro Civil. El ejercicio de cualquier derecho por un ciudadano requiere como presupuesto previo que el Estado tenga conocimiento de su existencia, de cómo se llama, de su decisión pública de formar una familia, de su libre opción de cambiar de nacionalidad, del hecho de que no puede valerse por sí mismo. Todos estos hechos y actos se llevan al Registro Civil y permiten, por un lado, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales asociados con la pertenencia a una comunidad organizada y, por otro, una adecuada planificación de los recursos públicos para su satisfacción.

Se pueden agregar otros elementos a esta reflexión: grandes movimientos migratorios, cambios en los modelos de familia, matrimonios de conveniencia, protección de españoles en el extranjero, pensiones, prestaciones sociales, protección de la infancia, madres de alquiler, niños robados, incentivos a la maternidad… una realidad multiforme y cambiante.

Una respuesta que
se demora meses
no es aceptable
en un servicio público

¿Nos podemos permitir seguir gestionando todo esto con esquemas que se idearon hace más un siglo? ¿Es racional y sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén diseminados desigualmente por más de 8.000 oficinas? ¿Es defendible que sigamos dependiendo del soporte papel y no podamos usar ágilmente los datos en beneficio de los ciudadanos y de la propia Administración? ¿Se puede seguir obligando a miles de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública? ¿Nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta, descoordinado de los demás? En definitiva, ¿podemos seguir ignorando un problema y aplazar más su solución?

Doy datos concretos para que sepamos qué está pasando. Son datos que están al alcance de todos en Google.

Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, el Registro Civil es el órgano que más quejas recibió en 2011. A nivel estatal, suscitó 6.558 reclamaciones por su funcionamiento. Esto supuso el 46% de las quejas de todo el sistema de juzgados y tribunales.

Durante los años 2010 y 2011, se pagaron más de 170 millones de euros por presuntos servicios de dependencia a 41.205 personas fallecidas.

El Defensor del Pueblo critica que el Registro Civil de Inca ha dado una cita para 2017.

La mayoría de padres que acudieron al Registro Civil se quedaron sin poder registrar a sus hijos si no habían ido de noche para hacer cola. Cada año, 2.900.000 ciudadanos tienen que solicitar una certificación al Registro Civil para presentarla en otra Administración.

Es hora de afrontar el reto y ofrecer soluciones. El modelo actual ha cumplido su función, o mejor habría que decir que ha agotado su función, nos ha llevado hasta aquí, pero no puede llevarnos mucho más allá. Creo firmemente que una Administración pública responsable debe ofrecer respuestas reales a las demandas de los ciudadanos y una respuesta que se demora meses no es aceptable. He sido juez y sé de lo que hablo. Dar una respuesta tardía no debe ser una opción, o al menos no nos lo podemos permitir.

Pensemos por un momento de qué manera nos ha afectado como ciudadanos el funcionamiento del registro y cómo nos gustaría que funcionasen las cosas, olvidándonos de prejuicios.

Imaginemos algunas situaciones:

- Acabo de ser padre y no quiero salir deprisa y corriendo, dejando a mi mujer con el recién nacido en la maternidad, para acudir al Registro Civil y dar de alta a mi hijo.

- Mi cónyuge ha muerto y no quiero hacer colas en el Registro Civil para que me den una certificación de defunción para presentarla en la Seguridad Social y que me reconozcan una pensión.

- Cómo evitar que determinadas personas sin escrúpulos puedan aprovecharse actuando en nombre de mi hijo incapacitado cuando yo falte.

- Me he separado y mi cónyuge sigue disponiendo de los bienes comunes como si nada hubiera pasado.

- Llevo 12 años viviendo en este país y, aunque las leyes me reconocen mi aptitud para ser español de pleno derecho, sé que no lo voy a ser en mucho tiempo.

O desde otro punto de vista:

- Quiero que la Seguridad Social tenga conocimiento inmediato de los fallecimientos para evitar que se paguen indebidamente prestaciones sociales.

La atribución del Registro Civil
al Cuerpo de Registradores
puede ser una de las claves
del éxito de esta reforma 

- Quiero que no se vuelva a teclear dos veces un mismo dato por la Administración.

- Quiero que se hagan estadísticas más fiables de datos recientes.

En definitiva, no me gusta que se tire el dinero público, mi dinero, que tanto me cuesta ganar.

Creo que ha llegado el momento de abordar una reforma del Registro Civil que haga posible todo esto adaptando su organización a las verdaderas necesidades actuales, llevándolo con los medios técnicos más modernos y seguros, ahorrando costes y poniendo la Administración al servicio de los ciudadanos.

La atribución de la llevanza del Registro Civil al Cuerpo de Registradores, que no lo olvidemos, son funcionarios, puede ser una de las claves que garantice el éxito de esta reforma urgente. Su eficacia demostrada en el tráfico inmobiliario y mercantil y su extensa experiencia no se pueden desaprovechar. Llevan años modernizando sus propias estructuras organizativas, implementando tecnología, prestando un servicio eficiente.

La reciente digitalización de los 425.000 expedientes de nacionalidad acumulados en los últimos años, que ha llevado a cabo el Colegio de Registradores en apenas unos meses y sin coste alguno para los ciudadanos, aparte de parecernos ciencia ficción para quienes hemos dedicado toda nuestra vida profesional a la Administración de Justicia, nos garantiza el éxito de la reforma.

Por otra parte, los jueces y personal de la Administración de Justicia que actualmente se ocupan del Registro Civil, ya sea de forma exclusiva o compartida con la función jurisdiccional, se podrán destinar al trabajo estrictamente judicial, que bastante falta hace, debido a la gran litigiosidad existente y al escaso número de jueces para abordarlo.

Agustín Azparren Lucas es magistrado en excedencia y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial.