Regreso al ladrillo

La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Costas inicia sus últimos pasos. El proyecto va a ser debatido en breve en el Senado y, a medida que avanza, el Partido Popular agrava con nuevas enmiendas la amenaza de regresión hacia el modelo de explotación urbanística imperante en España que ha sido tan lesivo para el medio ambiente. La Ley de Costas, vigente desde 1988, marcó un antes y un después al delimitar la zona de servidumbre hasta los cien metros de la costa, prohibiendo por tanto la construcción en dicha franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años —prorrogables a 60— para ser demolidas.

La reforma que ahora propone el Gobierno prevé una ampliación del plazo hasta los 75 años, facilita la explotación de chiringuitos, así como las fiestas en la arena (ahora muy restringidas a causa de los problemas de salubridad que comportan) y amplía también el plazo para regularizar la situación de los puertos deportivos en respuesta a la demanda de la patronal empresarial. Las últimas enmiendas del PP proponen reducir en ciertos casos la zona de protección de cien metros hasta los veinte, dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras, y amnistiar a doce núcleos urbanos cuyas viviendas invaden el dominio público. Ni siquiera las construcciones amenazadas por el mar debido al cambio climático están obligadas a abandonar la zona de dominio público, salvo que estén invadidas por el agua o “exista un riesgo cierto de que lo haga”.

Los problemas de aplicación que ha afrontado la Ley de Costas no justifican la reforma que este Gobierno ha puesto en marcha. El último cambio de reducir a veinte metros de la costa la zona protegida tendrá, como consecuencia, una relajación de los controles a que se sometía cualquier obra realizada en esa franja y, a fecha de hoy, ni siquiera se ha incluido la prohibición de nueva edificación, un extremo que vulneraría el espíritu fundamental de la ley vigente, que pretendía liberar el litoral de la presión a la que está sometido. La urbanización desaforada y la ocupación de playas, riberas y marjales es un modelo acabado que, además de ser ecológicamente insostenible, puede repercutir negativamente a medio largo plazo en la industria turística y que ya lo ha hecho en el turismo de calidad.

Los cambios que el Partido Popular está proponiendo solo benefician los intereses privados de unos pocos que, invadiendo terreno público, perjudican el interés general. El partido en el Gobierno cambia, además, las reglas de juego a mitad del partido, lo que sin duda va a generar agravios, inseguridad jurídica y pleitos. Es preocupante el cortoplacismo de esta reforma —el plazo general de concesiones termina en cinco años— y la ceguera que demuestran unos gobernantes empeñados en apostar por el mismo modelo de crecimiento que ha agravado la crisis. Aún hay tiempo para rectificar.