Ocasión perdida

La pretendida solución que el Gobierno ha buscado contra la piratería digital es un parche que en nada resolverá los graves problemas de España en este terreno. Lejos de abrir un debate con los sectores implicados para intentar reducir la dramática tasa de piratería española, el Ejecutivo ha elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que pretende responder, con resultados inciertos, a las dos cuestiones de mayor urgencia planteadas en los últimos meses. La primera de ellas es la eliminación —promovida por los tribunales de justicia— del canon digital. La segunda es la amenaza estadounidense de volver a incluir a España en la llamada Lista 301, una enumeración de países poco menos que proscritos por su alta tasa de piratería digital.

Al primer problema responde el Gobierno sustituyendo el canon digital con una compensación por copia privada solo en soporte físico —en creciente desuso— que amenaza la supervivencia de las entidades de gestión de derechos de autor. Para evitar volver a la Lista 301, el proyecto de José Ignacio Wert prevé mayores sanciones (de hasta 300.000 euros) y la posibilidad de perseguir las webs de enlaces que facilitan el acceso a los contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, exonerando explícitamente a las grandes compañías americanas, como el buscador Google, de cualquier pago por los contenidos que enlazan y facilitan de manera gratuita.

De esta manera, el Gobierno desaprovecha la ocasión para poner algo de orden en el acceso a contenidos protegidos por los derechos de autor y, de paso, defender a la industria cultural propia, en profunda crisis debido al uso de las nuevas tecnologías. Otros países, como Alemania, Francia o Bélgica, han sido más valientes regulando, por ejemplo, el uso que los agregadores de noticias hacen de los contenidos de prensa sin mediar pago alguno, como ocurre ahora en España.

El principal fracaso de la llamada ley Sinde que ahora se quiere reformar es la inoperancia de la Comisión de Propiedad Intelectual, incapaz de perseguir adecuadamente a quienes se lucran indebidamente de obras protegidas por los derechos de autor. Poco explica el proyecto cómo reforzará su mandato, de manera que ampliar la persecución a páginas de enlaces puede lograr algún titular, pero no dejará de ser un brindis al sol.