Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Alquileres con registro

Una lista de inquilinos morosos es fácil de enunciar pero difícil de concretar

El Ministerio de Fomento, mediante enmienda al proyecto de Ley de Flexibilización del Mercado del Alquiler, se propone crear un registro de morosos en el que figuren todos aquellos que en algún momento hayan sido condenados en firme por no cumplir las obligaciones de pago. La propuesta quiere aumentar la oferta de pisos en alquiler por el procedimiento de tranquilizar a los propietarios que desean arrendar su vivienda pero temen tropezar con inquilinos conflictivos o morosos. El Gobierno asegura que los datos del registro se borrarán pasados seis años y que el arrendador podrá consultarlo solo si presenta una propuesta de contrato de arrendamiento.

Un registro de morosos es una idea arriesgada, fácil de enunciar pero difícil de aplicar con precisión. Puede tener complicaciones con la Ley de Protección de Datos si no establece las debidas cautelas para la difusión de la información. La amenaza más peligrosa, en la práctica, es que no se corrijan con prontitud los errores y que personas inocentes sufran los rigores de la pérdida de reputación a la hora de alquilar un piso o pedir un crédito.

No basta con tener una idea, como la del registro, que parezca una mera ocurrencia; es obligado, para que la idea sea útil, que esté bien calculado su ámbito de aplicación y que se midan al milímetro sus consecuencias. Aunque sobre el papel se suelen dar garantías de confidencialidad (que la información solo se use y se difunda para el fin que se elaboró la lista negra), en la realidad cualquier registro se usa con los fines más dispares e inadecuados. Y la persona que cae en él, con razón o sin ella, tiende a convertirse en un marginado a efectos económicos.

Por tanto, hay que exigir prudencia y reflexión a la hora de concretar la idea del registro. Los inquilinos también tienen derechos, cuya garantía debería recogerse en el proyecto de ley para no dañar la demanda de alquiler.

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