Salarios por empleo

Bajo la atenta mirada del Gobierno de François Hollande, tres patronales francesas y tres organizaciones sindicales han firmado un proyecto de reforma del mercado laboral cuyo objetivo es mantener el empleo. A tal fin, han tomado tres decisiones de envergadura: acelerar la tramitación legal de los despidos improcedentes, flexibilidad y movilidad laboral que obliga a los trabajadores a aceptar los cambios de función y de localización geográfica y, pieza fundamental del acuerdo, la posibilidad de que las empresas con graves problemas económicos o financieros puedan reducir el salario o el tiempo de trabajo a cambio de evitar despidos definitivos. Así pues, para Hollande y su equipo económico, lo fundamental es que no se destruyan más puestos de trabajo y para ello aplican la regla de empleo más barato a cambio de mantener las plantillas.

No es necesario subrayar que el proyecto de acuerdo que se acaba de firmar en Francia no sigue la dirección de la reforma laboral española. En primer lugar, responde a la voluntad de que sean los agentes sociales quienes acuerden las condiciones del mercado laboral. Conviene recordar los fracasos continuados de empresarios y sindicatos españoles durante los últimos años para firmar un pacto social. O bien Hollande tiene más credibilidad entre los agentes sociales franceses que Rajoy entre los españoles, o bien la hostilidad visceral entre patronos y trabajadores en Francia ha sido magnificada.

La importancia de un pacto es evidente; es posible que en Francia disminuya la conflictividad laboral después de un consenso político de esta envergadura, mientras que en España el número de jornadas perdidas por huelgas y protestas ha aumentado el 138% en los nueve primeros meses de 2012. Los estrategas laborales del Gobierno deberían reflexionar sobre cuánto de ese disparatado crecimiento de conflictividad y litigiosidad de debe a una reforma laboral mal planteada y ejecutada en sus detalles técnicos.

Hollande y su equipo no creen en los efectos indirectos de la flexibilidad radical. En la reforma española se supone que el empleo tiene que empeorar antes de que mejore; se universaliza como punto de partida el despido al coste de 20 días y las facilidades para ejecutar los Expedientes de Regulación de Empleo; Hollande considera que es más seguro sostener los empleos actuales que esforzarse por recuperarlos después o confiar en que volverán tiempos mejores.

La opción laboral francesa es más política que técnica o de manual. No tiene asegurado el éxito; responde en parte a la necesidad del presidente de la República de recuperar el aliento político en un periodo agitado y hasta es posible que algunos aspectos del acuerdo no sean convincentes; pero cuenta con una ventaja importante, que es la confianza que infunden los acuerdos sociales. La prudencia aconseja esperar y ver, pero parece una iniciativa prometedora.