Decepción fiscal

La amnistía fiscal aplicada por el Ministerio de Hacienda ha resultado decepcionante y probablemente traerá consecuencias para la credibilidad de la lucha contra el fraude. La primera razón, aunque no la más importante, hay que buscarla en la recaudación conseguida (unos 1.200 millones de euros frente a los 2.500 millones presupuestados), precisamente porque el motivo último de la amnistía era recaudatorio. En nombre de una situación excepcional, el ministro Cristóbal Montoro justificó la renuncia a los principios de firmeza del Estado ante los defraudadores en la necesidad imperiosa de cuadrar el presupuesto de ingresos, gravemente afectado por la recesión.

No se ha conseguido el objetivo —aunque 1.200 millones no es cantidad despreciable en la actual situación del mencionado presupuesto—, y lo logrado se debe a una presión constante sobre los despachos de asesores fiscales para que recomendasen a sus clientes acudir a la amnistía. Como estaba mal diseñada, ya que ningún tenedor de patrimonio en negro tenía por qué cambiar su dinero oculto por un dinero aflorado pagando una sanción del 10%, la decepción era previsible. Y no se entiende el triunfalismo del ministro cuando asegura que “ha valido la pena” la operación. La cuestión es si inventará otra tasa o subirá más algún impuesto para cuadrar los 1.300 millones que faltan hasta llegar a los 2.500 que presupuestó.

Pero lo peor es que los defraudadores no crean que Hacienda vaya a mejorar su rendimiento en la persecución del dinero oculto y del fraude. Las amenazas de un endurecimiento de las sanciones no han surtido efecto. Han considerado más seguro mantener sus bases imponibles ocultas que blanquearlas a bajo coste. Y no sin razón, porque, hasta ahora, la Agencia Tributaria ha sido incapaz de reducir sustancialmente el patrimonio oculto y hacer aflorar —siquiera sea una parte— los 350.000 millones de bases imponibles fuera de control.

El instrumento para aumentar los ingresos del Estado no es una amnistía fiscal como la que se cerró el 30 de noviembre. Debe empezar por una reforma en profundidad de la Agencia Tributaria, de forma que inspectores y subinspectores fiscales se pongan a trabajar en la búsqueda de patrimonios escondidos, en lugar de centrarse en hacer declaraciones paralelas para descubrir desviaciones en las declaraciones de rentas salariales.