Debate constituyente

La Constitución de 1978 ha rendido grandes servicios a los españoles en términos de garantía de las libertades y de reparto del poder, incluido el territorial, y ha permitido diferentes opciones de Gobierno sin rupturas de la convivencia. Pero eso no implica que sea un texto grabado en mármol y bloqueado para siempre. Una comunidad se basa en el consentimiento de quienes la integran y no se debe pasar por alto el crecimiento del número de personas insatisfechas con la Constitución (52,5% en la actualidad) y el descontento de más de dos tercios de la población con el funcionamiento de la democracia, según la última entrega del Barómetro del CIS. Aun así, solo un 6,5% considera “preferible” un sistema autoritario, de modo que la gran mayoría conserva la esperanza en una democracia capaz de enderezarse.

Pero, ¿qué reforma? Es fácil ponerse de acuerdo respecto a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer para desempeñar la jefatura del Estado. En cambio, hay mucha distancia entre los que defienden la recentralización del Estado y los que proponen mantener las autonomías o evolucionar hacia un Estado federal, en el que el Senado sería una pieza clave. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sugiere que un derecho como el de la protección de la salud debe ser incluido entre los derechos fundamentales especialmente protegidos, en vez de figurar, como ahora, solo entre los principios rectores de la política.

No será fácil poner de acuerdo a los defensores de los partidos políticos tal como están constitucionalizados —“instrumento fundamental para la participación política”— con las iniciativas surgidas para ampliar los cauces de la participación ciudadana y la iniciativa legislativa popular. Delicado, asimismo, el capítulo del sistema electoral, que la Constitución constriñe al establecer la provincia como circunscripción y además con una cuota obligada de diputados por cada una de ellas, lo cual favorece el peso de las hectáreas sobre el de las personas.

Cualesquiera que sean los contenidos, parece llegado el momento de abrir el debate constituyente. A diferencia del presidente del Senado, Pío García Escudero, comprensivo hacia una posible reforma, otros dirigentes del PP se manifiestan poco dispuestos. Mariano Rajoy, en un artículo publicado ayer por La Vanguardia, señaló que “en el marco constitucional de convivencia cabe todo”, como si diera por supuesto que el vigente aguanta cualquier proyecto pretendido. La reforma de buena parte de los artículos constitucionales exige referéndum, y a ese respecto hay que recordar que 20 millones de españoles de entre 18 y 52 años no han tenido ocasión de pronunciarse sobre la ley fundamental. La crisis económica no es un pretexto válido para aplazar el debate —la actual se elaboró en medio de otra crisis— y la única condición necesaria es que se busque un amplio consenso, como el de 34 años atrás.