Todos los ríos van a la mar

La decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones de 2012, ajustando en un 1,9% el montante de todas ellas, y consolidando el resultado para hacer la revisión para 2013, ha dado pie a lo que ahora se denomina como incendio en las redes y en la esfera del papel; en esta última, donde los incendios son más humeantes y por ende alarmantes, han proliferado los que en cualquier momento y ocasión aprovechan para denostar al sistema de reparto y propugnar el advenimiento de un sistema de capitalización. Todo eso es normal, ocurre aquí y en Pernambuco, pasando por Washington, donde los ataques a la financiación por reparto de las pensiones han alcanzado cotas que los enemigos españoles del reparto, por mucho que se esfuercen, nunca alcanzarán.

Puede entonces que este sea el momento para poner en valor los innumerables servicios que el mejor y más eficiente programa de seguro de este país ha prestado a la sociedad española. Me refiero, claro está, a la Seguridad Social. Poco a poco, a lo largo de décadas, nuestro sistema de pensiones ha ido consolidando su presencia como instrumento fundamental de lucha frente a la pobreza en la vejez. Ese es el sentido de las pensiones mínimas que nacieron hace décadas. En 1977 la pensión mínima con cónyuge a cargo se fijó en 55,89 euros mensuales, y en 2010 ascendió a 725,20 euros. Esto es: en 33 años las mínimas se han incrementado en un 1.197,54%, mientras que la inflación lo ha hecho en un 786,40%. El resultado es una ganancia de capacidad adquisitiva en esos años de 411,14 puntos porcentuales. En ese año, la pensión mínima era el 39% del salario medio de la economía española. ¿Poco o mucho? Busquemos una referencia en un país pata negra en políticas sociales. Suecia, por ejemplo.

Por su parte, en 2010 el sistema sueco garantizaba una pensión mínima de 777,48 euros mensuales que significaba el 27% del salario medio del ejercicio en ese país. Bien es verdad que a la pensión mínima garantizada se accede cualesquiera que sean los años cotizados, puesto que lo que cuenta son los años de residencia en el país, partiendo de un máximo de 40 años, que daría derecho a los 777,48 euros o bien al complemento necesario hasta alcanzar ese máximo.

Suecia vio que era precisa una rebaja de las pensiones de un 4,5% en 2009

Pero quizás lo más representativo del sistema sea referirse a la evolución histórica de la pensión media del Régimen General, que en los 34 años del periodo 1977-2011 experimentó un aumento en su poder adquisitivo de un 844,6%. Una cifra que se origina en el crecimiento de las bases de cotización, y en la diferencia entre las bajas y las altas de pensiones, entre las que se registran diferencias al compás de la inflación y del crecimiento de las bases de cotización, que son, en definitiva, las que determinan la pensión de alta en el sistema. En este caso el valor de la pensión media en 2011, que se elevó a 962 euros, supuso el 50% del salario medio de ese mismo año.

En cuanto a las pensiones máximas, su regulación es más tardía. Aparecen en la legislación en 1984, año en el que se fija una cuantía para la misma de 1.129,60 euros y hasta el año 1988 conservan el mismo valor, año a partir del cual se benefician de idénticas revalorizaciones que el conjunto de las pensiones, a excepción de las mínimas. Obviamente esa congelación inicial a lo largo de cinco años, en los que por lo demás la tasa de inflación fue elevada, han conducido a una pérdida de la capacidad adquisitiva de estas pensiones que hasta 2011 se puede cifrar en una cuantía del 90%. Una corriente de pensamiento sostiene que con la pensión máxima se está procediendo a una revolución silenciosa en el sistema, que otros prefieren calificarla de deriva beveridgeana (por lord Beveridge cuyo sistema era de una pensión igual para todos). Según esta gente, a ese retroceso se llega de modo silencioso, sin ruido, sin alarma, por la vía de revisar año tras año las bases de cotización por una cuantía inferior a la tasa real de inflación, lo que inevitablemente deprime el valor de la pensión que se alcanza a la jubilación. Pero ese argumento solo tiene sentido aplicado a aquellas pensiones elevadas, pero que no superen el tope de la máxima que el Gobierno fija en los PGE de cada año. En definitiva, la pensión máxima del año 2011 suponía 1,34 veces el valor del salario medio del año.

Procede entonces volver a referenciar esta pensión con la que proporciona el sistema sueco. Nuestra base máxima de cotización en 2011 tenía un valor de 1,7 veces el salario medio; en el sistema sueco de cuentas nacionales de contribución definida ni se cotizó por encima ni se pagó una pensión que superase en 2010 el valor de 39.592 euros (anuales, se entiende), lo que en su caso suponía 1,2 veces el salario medio de su economía. Preciso es entonces recordar que para los trabajadores del país nórdico la pensión del sistema público solo representa un 65% de sus ingresos de jubilado; otro 25% procede de planes de empresa, que los sindicatos consiguieron en la negociación colectiva de 1979 para el 90% de los trabajadores ocupados, y el resto, en torno a un 10%, llega de los planes de pensiones individuales.

La pensión máxima de 2011 suponía 1,34 veces el valor del salario medio

Si he decidido contrastar nuestras cifras de tres niveles de pensiones (mínima, media y máxima) con la de un país que no es eurozona, es porque casi todo lo que ahora se escribe en España desde el ámbito académico y, más aún, lo que se propugna desde la esfera empresarial, es el inicio de un camino que conduzca a nuestra Seguridad Social hacia el sistema sueco, que en estos momentos patrocinan el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. A tal destino (el sistema sueco) se le denomina la reforma definitiva. Y yo añado que es la definitiva por el momento, porque antes, en la década de los noventa, la definitiva era otra, que por cierto también patrocinaban los mismos y que no era otra que el camino a la capitalización total o parcial de nuestro sistema.

Pues bien, pese a todas las adversidades macroeconómicas, nuestro sistema sobrevive a la tormenta, y lo hace incurriendo en déficits que por el momento son de todo punto asumibles. A fin de cuentas, el sistema sueco, que también sufrió el impacto de la crisis financiera, en este caso la bursátil en 2008, por desplome del valor de su Fondo (¡menuda ironía!), se encontró con que conforme a sus reglas era precisa una rebaja de las pensiones de un 4,5% en 2009. Y, ¿cómo evitar entonces lo que era socialmente insostenible? Fácil, muy fácil. Acudiendo al Estado y aprobando en el Parlamento una modificación del IRPF que lo rebajara a los jubilados, para compensar así la merma de la pensión. Y es que todos los ríos, todos, acaban en la mar, incluso los que aparentan ser actuarialmente perfectos.

Luis Martínez Noval ha sido ministro de Trabajo y Seguridad Social con el PSOE.