Reconversión más liquidación

La intervención de Bruselas en la reforma financiera española, mayoritariamente centrada hasta ahora en las cajas de ahorros, define unas condiciones durísimas para las entidades nacionalizadas (Bankia, CaixaNovaGalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia, ya vendido a La Caixa) a cambio de los 37.000 millones de ayuda europea. La Comisión Europea exige una reconversión tradicional a los grupos rescatados (recorte laboral de unos 8.000 empleados, cierre de unas 1.000 oficinas) e impone limitaciones muy estrictas al negocio bancario de las afectadas, probablemente porque no se fía de su competencia en el manejo de operaciones que han resultado tóxicas para sus balances debido a la connivencia de grupos políticos corruptos con direcciones financieras demasiado débiles. Bruselas exige además que las entidades nacionalizadas renuncien al crédito inmobiliario promotor, que prescindan de las participaciones industriales y que recorten las actividades de banca minorista.

La lógica de las limitaciones se entiende en algunos casos y no tanto en otros. Así, por ejemplo, la reconversión en empleo y en oficinas parece una decisión que debería haberse tomado en 2010, en lugar de los simulacros de reformas con las fusiones virtuales y reales. Aunque llega con dos años de retraso, poco más puede hacerse para adecuar la maquinaria financiera a las condiciones de mercado. La contrapartida lógica es que se exijan responsabilidades políticas y judiciales a los consejos de administración y equipos de dirección que han arruinado las cajas. Conviene recordar que prácticamente todo el sistema financiero gallego y valenciano ha entrado en quiebra y que el de algunas autonomías está seriamente afectado. Y no estaría de más que las operaciones bancarias implicadas en la reestructuración, como la venta del Banco de Valencia a La Caixa, se explicaran con más claridad.

Pero otras decisiones parecen pensadas para obstaculizar el reflotamiento de las cajas. La prohibición de operar en el mercado del crédito promotor puede tener una lógica hoy, cuando, por cierto, el crédito promotor está prácticamente secado, pero constituiría un grave hándicap para las entidades en el momento (hipotético en la actualidad) en que se recupere el mercado inmobiliario. De la misma manera, es una idea teórica excelente que las cajas se desprendan de las participaciones industriales; pero, en las condiciones presentes del mercado, ese tipo de operaciones solo generarán minusvalías, es decir, no aportarán recursos para consolidar los balances.

Las condiciones de Bruselas señalan inequívocamente el camino de la liquidación de las cajas, más que del reflotamiento, puesto que limitan las opciones de obtener ingresos en el mercado y confinan a las entidades al ámbito local. La liquidación ordenada es una opción, pero el proceso exige una definición clara del camino que llevará desde un sistema financiero parcialmente enfermo (el mal parece concentrado en grupos que no son sociedades anónimas, sin propiedad nítida y con fuerte injerencia política en la gestión) a otro, con menos cajas, preparado para restablecer el crédito. Esa definición no existe; solo se da por hecho que el modelo de recapitalización elegido conseguirá el resultado idóneo. En cualquier caso, es poco probable que el engranaje crédito-recuperación funcione correctamente antes de 2014.