Un nuevo visado para los refugiados del clima

En el complejo y sofisticado proceso de negociaciones climáticas que se retomaron esta semana en la ciudad catarí de Doha, al menos una cosa está clara: mientras los principales culpables del problema se refugian en la crisis económica o en argumentos científicos medievales para evitar sus responsabilidades, decenas de millones de personas en países pobres no contaminantes están padeciendo ya las devastadoras consecuencias del cambio climático. La ausencia de mecanismos eficaces de compensación por este perjuicio constituye un agravio sin precedentes y un deterioro fundamental de la credibilidad de las negociaciones.

La combinación de fenómenos naturales extremos que golpean de manera recurrente a poblaciones sin redes de seguridad se traduce en hambre, medios de vida volatilizados y desplazamientos forzosos. Solo en Asia y el Pacífico, un mínimo de 42 millones de personas fueron obligadas a desplazarse entre 2010 y 2011 huyendo de las inundaciones, las sequías y las tormentas extremas. ¿Existe algún modo de compensar a estas poblaciones sin tener que esperar varias décadas?

Un modo útil de contestar a esta pregunta es recurrir al concepto de refugiados climáticos y considerar las implicaciones legales y humanitarias de este término. Dicho de forma simple, se trata de ofrecer oportunidades de emigración (esto es, protección) a comunidades que escapan de la devastación que nosotros hemos provocado. Es imposible acoger a todos, pero tampoco damos refugio a todos aquellos afectados por un conflicto o una persecución política y eso no nos impide reconocer el Derecho de Asilo y Refugio.

Basándose en el principio de que un buen modo de apoyar a las poblaciones que han sufrido un desastre natural es permitir que trabajen durante un tiempo en nuestros países, Michael Clemens y el Center for Global Development (CGD) propusieron la idea de un visado temporal para los haitianos afectados por el terremoto. Con él demostraron que las oportunidades de empleo en EEUU para 2.000 trabajadores haitianos generaban recursos equivalentes al conjunto del programa de reconstrucción financiado por los norteamericanos tras la tragedia.

Contra todo pronóstico, el Gobierno de los EEUU aceptó el programa, y ahora ha llegado el momento de plantearse la expansión de la idea a territorio europeo. Con este propósito el CGD publicó hace algunas semanas un trabajo en el que se analizan las oportunidades de extender la protección de nuestras leyes de asilo e inmigración a los afectados por desastres naturales. El resultado –ya se lo imaginarán- es desolador. El concepto aparece mencionado de forma explícita en la legislación de algunos países (escandinavos, en particular), pero incluso en esos casos la ambigüedad de la norma es una invitación directa a la arbitrariedad restrictiva de los gobiernos. En palabras del autor del texto, “uno se queda con la impresión de que todo lo que hemos mostrado aquí equivale a poco más que buenas intenciones”.

A pesar de que estamos muy lejos de lograr resultados tangibles en este campo, el concepto de ‘refugiados (o migrantes) del clima’ comienza a establecerse. Extender la protección de los países ricos en este ámbito sería un paso modesto y práctico para reconocer las responsabilidades con las que cargamos y aliviar de paso unas negociaciones sumamente complejas.