Haití: la emigración es la mejor ayuda al desarrollo

Trabajador haitiano en Puerto Príncipe. Foto: UN Photo/Victoria Hazou.

¿Se imaginan que el Gobierno de los Estados Unidos pudiese doblar su contribución al desarrollo de Haití con un pequeño cambio administrativo, sin que le cueste un solo dólar a los contribuyentes e incrementando la competitividad de las empresas norteamericanas? Pues eso es exactamente lo que puede ocurrir tras la reforma aprobada por la Administración Obama el pasado mes de enero.

Tras la incorporación de Haití a la lista de países cuyos ciudadanos son elegibles para las visas H2A y H2B (trabajo temporal en la agricultura, la hostelería y otros sectores), el Gobierno norteamericano abre un poco sus puertas a un país que sigue devastado tras el terremoto de hace dos años. De acuerdo con los cálculos realizados por Michael Clemens –investigador del Center for Global Development (CGD) e impulsor de esta iniciativa-, la emigración de tan solo 2.000 trabajadores generaría para el país más pobre de América Latina beneficios equivalentes a todo el programa de reconstrucción financiado por el Gobierno de los EEUU desde la tragedia. Este pequeño contingente se uniría a los centenares de miles de haitianos que ya trabajan en estados como el de Florida, donde su contribución beneficia a empresas de sectores muy diversos.

Estados Unidos -como España y otros países-, se volcó con Haití en los meses posteriores a la tragedia. Centenares de instituciones públicas y privadas pusieron en marcha una miríada de iniciativas orientadas a la recaudación de fondos y el apoyo a las familias afectadas. Sin embargo, muy pocos consideraron el potencial de una medida simple pero eficaz: permitir que un grupo pequeño de haitianos garantizase su futuro y el de sus comunidades emigrando de forma temporal. Un estudio anterior del propio Clemens con otros autores demostró que el simple hecho de desplazarse a los EEUU multiplica por seis la capacidad adquisitiva de un haitiano, lo que le permite destinar buena parte de estos recursos a su país de origen y dinamizar la economía local a través de las remesas y la transferencia de conocimientos y capacidades de los emigrantes retornados.

Si es así, lo verdaderamente sorprendente de esta pequeña reforma legal es que haya tardado tanto en producirse. ¿Cómo se explica la resistencia de las autoridades estadounidenses a aprobar hasta ahora una medida tan modesta? ¿Por qué no hubo un apoyo temprano por parte de ONG y líderes de opinión del ámbito del desarrollo, que después sí se han ido sumando a los defensores de la propuesta?

La explicación es una peligrosa mezcla de prejuicios. Por un lado, las presiones de los grupos anti-inmigración y la radioactividad electoral de este asunto hace que los responsables políticos consideren cualquier otra solución (incluyendo las más caras e ineficaces) antes de mostrarse ‘débiles’ en materia migratoria. Sin irse muy lejos, el macabro juego de ping-pong que Francia e Italia jugaron hace unos meses con los refugiados norteafricanos de Lampedusa es un monumento al liderazgo pigmeo.

Por otro –y esto es más preocupante- existe entre la mayor parte de los expertos en desarrollo una especie de ‘prejuicio sedentario’ que considera la emigración un fracaso del desarrollo y no una mera estrategia para alcanzarlo. Explíquenme si no porque no hemos visto hasta ahora ninguna gran campaña internacional a favor de la reforma de las leyes migratorias que impiden a los trabajadores desplazarse libremente y con seguridad. Cualquier asunto del que ustedes hayan escuchado hablar más a menudo -como incrementar la ayuda, reducir la deuda o mejorar las leyes comerciales- tendría efectos sobre la pobreza incomparablemente más modestos que un pequeño alivio del insoportable hermetismo migratorio que aplican los países ricos.

Haití ofrece una valiosa lección: en situaciones económicas post-traumáticas, provocadas por conflictos y desastres naturales, los programas de emigración temporal ofrecen una solución rápida y eficaz, compatible con otras formas de ayuda de emergencia. Si los buenos argumentos y la astucia política de Michael Clemens y el CGD lograron vencer las barreras políticas de esta reforma, no hay ninguna razón para que la sociedad civil organizada no pueda hacerlo de nuevo en el futuro.