Cuando la policía agrede a manifestantes pacíficos

Por Virginia Álvarez. Responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España

El [oficial de la policía] que estaba al mando me preguntó que por qué estaba haciendo fotos. Les mostré que era periodista [...] Tras insultarme, ordenó a otro agente que me arrojara una granada paralizante. Salté literalmente hacia atrás. Pensé que estaba muerto [...] Me di cuenta de que algo andaba mal, porque no oía nada.

Así lo vivió Manolis Kypreos, periodista griego, que quedó totalmente sordo de ambos oídos el 15 de junio de 2011, como resultado de la actuación policial durante una de las muchas manifestaciones celebradas en Grecia durante los últimos meses. Tras una operación logró recuperar un pequeño porcentaje de audición. Camina con grandes limitaciones y las secuelas físicas y psicológicas causadas por el incidente han truncado su carrera profesional.

Ángela Jaramillo, de 58 años, quiso participar en la manifestación que hubo frente al Ministerio del Interior el 4 de agosto de 2011, estaba sola junto a un banco del paseo de la Castellana cuando fue golpeada por una agente antidisturbios No representaba ninguna amenaza, pero aun así no se libró de lo que a todas luces parecía una injustificada actuación policial.

Un grupo de jóvenes vino en mi auxilio [… Uno de ellos] recriminó a la policía. Les dijo: ‘‘¿no veis que es una señora mayor?" Acto seguido, el grupo de policías se gira, retrocede, viene hacia nosotros y empieza a pegarnos otra vez [con las porras].

Los casos de Manolis y Ángela son tres de los muchos testimonios recogidos en el informe Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea, presentado esta mañana por Amnistía Internacional en diversas capitales de Europa. El informe demuestra que no estamos ante un problema puntual.

Nadie duda de que ser policía no es un trabajo fácil y que en muchas ocasiones se enfrentan a situaciones peligrosas y violentas, corriendo ellos mismos riesgos. Y nadie niega que los agentes de las fuerzas de seguridad tienen como misión hacer cumplir la ley y que a veces tienen que recurrir a la fuerza para ello.

Pero, teniendo el monopolio del uso de la fuerza, los policía deben ejercerlo respetando el derecho internacional. Es decir "cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas". Es decir: con proporcionalidad.

Lo más preocupante de todas las historias que recoge el informe, con todo, no es sólo la actuación desproporcionada o el abuso de la fuerza por parte de la policía española, griega o rumana, sino la segunda parte de la historia: la impunidad con la que se han saldado estas actuaciones, ya que en ninguno de los casos expuestos, se ha castigado a los responsables. . Esta impunidad no beneficia a nadie. Incluso perjudica especialmente a los muchos policías que ejercen con profesionalidad sus funciones.

Así, en el caso de Manolis Krypeos, aunque en noviembre de 2011 un tribunal de Atenas le concedió una indemnización, quince meses después del incidente, y a pesar de las pruebas presentadas (que incluyen imágenes de la unidad de policía y del mando que ordenó la agresión contra el periodista) no ha habido avances en la causa abierta contra ellos.

En el caso de Yiannis Kafkas (curioso nombre para la víctima de un abuso policial), en febrero de 2012, nueve meses después de haberse abierto una investigación criminal sobre lo ocurrido, la policía presentó los resultados de la investigación al fiscal. No se ha sabido nada nuevo sobre el caso desde entonces.

Por último, por lo que se refiere a Ángela Jaramillo, el 5 de agosto de 2011, presentó una denuncia por agresión contra la policía. El 15 de marzo de 2012, un juzgado de Madrid resolvió no admitir a trámite la denuncia porque la agente responsable de la agresión no había podido ser identificada. Desgraciadamente, Ángela Jaramillo ya no podrá tener oportunidad de obtener justicia ni reparación, el 15 de junio de esto año, falleció tras sufrir un ataque cardiaco.

La impunidad de los abusos contra los derechos humanos es fuente de nuevos abusos. En el caso que nos ocupa, de nuevos abusos policiales contra manifestantes. El incremento de los abusos sólo puede conllevar el incremento de la tensión y el riesgo de nuevas violencias.

Frente a esto, hay un remedio claro: respetar los estándares internacionales de derechos humanos, y entre ellos el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Un código que establece, entre otras cosas, que las fuerzas del orden deben facilitar las reuniones públicas pacíficas y protegerlas; calmar las situaciones tensas o violentas; minimizar los daños; hacer uso de la fuerzalll sólo en la medida necesaria y rendir cuentas a la ciudadanía y al poder judicial de todas las operaciones.

Por desgracia, el cumplimiento de estos principios, confrontado con la realidad actual, suena a cuento de hadas.