Presupuestos tutelados

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no reflejan lo que la economía española, y sus ciudadanos, precisan en este momento. Son el resultado de la tutela europea a la que está sometido el Gobierno para acelerar el saneamiento de las finanzas públicas y contribuir a la necesaria estabilización de las cotizaciones de la deuda pública de este país en los mercados de bonos. El problema es que tampoco conseguirán este objetivo si no existe un crecimiento suficiente de la economía. Lo que puede esperarse de estos Presupuestos es una recuperación económica más complicada y la inevitable frustración por no alcanzar el nivel de déficit y deuda pública previstos.

Los Gobiernos disponen de mucha mayor capacidad de incidencia en la evolución de la mayoría de las partidas de gasto público que en la de ingresos. Estos se nutren fundamentalmente de la recaudación tributaria. Y esta, a su vez, depende de la actividad económica: de la generación de rentas de las empresas y de las familias, y del volumen de transacciones que sean objeto de imposición indirecta. Incluso aumentando las tarifas impositivas, como las incorporadas en estos PGE, es difícil recaudar más si el crecimiento sigue contrayéndose. Y la práctica totalidad de instituciones y analistas anticipan que, en el mejor de los casos, en 2013 la recesión será equivalente a la sufrida en este año. Frente a la hipótesis macroeconómica central en la que se amparan los Presupuestos, un decrecimiento del PIB de la economía del 0,5%, la media de los servicios de previsión la sitúa, en cambio, en 1,5%. La tasa de desempleo ascenderá hasta superar el 26%, según esos mismos cálculos.

A la continuidad de la recesión española hay que añadir la muy tibia recuperación de las economías europeas, nuestros principales socios comerciales. El conjunto de la eurozona saldrá de la recesión actual a duras penas, como consecuencia de la tan innecesaria como incomprensible orientación contractiva de todas las políticas presupuestarias del área, y al margen del escrutinio que ejercen sobre ella los mercados de bonos. Está en lo cierto el FMI al recomendar que los saneamientos de las finanzas públicas se distribuyan razonablemente en el tiempo, no solo para evitar esa mayor contracción del crecimiento de la economía, sino para que sean más creíbles.

Ese es el principal problema de estos PGE: su ingenuidad, en el mejor de los casos, o su falta de seriedad con los contribuyentes. Tampoco serán las cuentas que agraden a los inversores en bonos públicos. Para evitar que la ya más abultada partida de gasto público, la de intereses, siga su tendencia ascendente será necesario, en todo caso, que la tutela europea actual acabe formalizándose en un rescate en toda regla. De lo contrario seguiremos en el peor de los escenarios: sufriendo ajustes y sin compensaciones en una menor factura de intereses. El realismo es hoy una exigencia mucho más importante que propósitos de enmienda poco creíbles.