Pacto sin concierto, para bajar la fiebre

El gran hallazgo de Artur Mas no ha sido descubrir la funcionalidad del independentismo como instrumento de presión, que forma parte del libro de estilo de todos los nacionalismos, sino haber identificado una causa simple y clara de los males que aquejan a la sociedad catalana y en particular al sector social, las clases medias, más directamente representado por CiU. Si el Gobierno catalán tiene que cerrar quirófanos, reducir horas lectivas, recortar ayudas a guarderías, despedir empleados públicos, es porque otras comunidades se benefician de una parte desproporcionada del dinero que España recauda en Cataluña. El “Madrid nos roba” con que sintetizan su visión muchos manifestantes catalanes recuerda al “Roma ladrona” de la Liga Norte italiana. Para remediar esa situación el nacionalismo catalán plantea dos opciones: el soberanismo fiscal, según el modelo del Concierto vasco, o la independencia.

Hace un cuarto de siglo, José Álvarez Junco resumió los efectos que para el discurso y el liderazgo nacionalista tiene la identificación de un culpable exterior de lo que va mal: une a los propios, convenciéndoles de que existe una animadversión generalizada contra lo nuestro, legitima a la élite gobernante, proporciona explicaciones sencillas de problemas complejos: el Govern solicita una ayuda de 5.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico y su portavoz lo presenta como reclamación de un dinero que en realidad pertenece a los catalanes.

Una característica de la ideología nacionalista es que permite tratar los asuntos de dinero como cuestiones de principio. Para no tener que mendigar nunca más, la solución es que la Generalitat recaude y gestione todos los tributos generados en Cataluña. Esto es lo que, con el nombre de pacto fiscal, se propone plantear mañana Artur Mas a Rajoy en La Moncloa. Pero entremedio se ha cruzado la manifestación por un Estado catalán. La propia magnitud de la demostración ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá, y sobre todo más pronto, de lo que seguramente tenía previsto; y le enfrenta ahora al dilema entre ponerse al frente de la misma o frenarla.

¿Podría un partido como CiU y un presidente como Mas —que no es un José Martí, un Rizal— liderar una marcha hacia la ruptura definitiva con España impulsada por un movimiento asambleario y que necesariamente tendría que transcurrir, al menos en parte de su recorrido, por vías ilegales (como mínimo, de desobediencia civil)? La historia de Cataluña, sobre todo los años treinta del pasado siglo, ilustra la dificultad del empeño. Si se va por esa vía serán otros quienes la dirijan. Y sería subestimar a Mas suponer que no es consciente del callejón en que puede meterse si con al menos la mitad de la población catalana en contra se adentra en lo que él mismo llamó “lo desconocido”: la vía hacia la separación.

Exigir que los territorios pobres no reciban más ‘per cápita’ que los ricos no tiene justificación clara

En estas condiciones, ¿qué puede decirle Mariano Rajoy a su interlocutor? La propuesta que le planteará Mas tiene de entrada la dificultad de que no permite una negociación en términos cuantitativos, como las que planteaba Pujol padre. Podría discutirse (otra vez) de ajustes en el modelo de financiación, buscarse compensaciones en terrenos como el peaje de las autopistas (en Gipuzkoa acaban de establecer un sistema de subvención) y quizás en las inversiones estatales en la comunidad. Pero la fórmula de extender el concierto / convenio vasco y navarro a Cataluña no solo es inviable por razones constitucionales (la disposición adicional primera limita su aplicación a los territorios forales), sino también políticas. Como ha explicado Ángel de la Fuente, el experto más conocido en financiación autonómica, en el número del mes pasado de la revista Claves, “la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de estas en algo más del 12%”. Ningún Gobierno español podría aceptar algo así sin deslegitimarse radicalmente.

Otro experto, este catalán, Antoni Zabalza, que fue secretario de Estado de Hacienda en Gobiernos de Felipe González, explicaba en este periódico (9-11-2011) que la “anomalía” de los conciertos vasco y navarro era soportable para el sistema por la relativamente pequeña dimensión de esas comunidades, que aportan entre ambas el 8% del PIB español; mientras que si se sumase el 18,6% que supone Cataluña se vería afectado el 27% del PIB nacional, lo que implicaría ya una considerable distorsión a la necesaria autonomía de la jurisdicción central para cumplir sus responsabilidades constitucionales (incluyendo la de garantizar el principio de igualdad).

La manifestación de la Diada ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá y, sobre todo, más pronto

Ese principio implica que las comunidades más ricas transfieran recursos a las que lo son menos a través de los mecanismos establecidos. Eso es considerado por los teóricos del soberanismo como prueba del “expolio fiscal” de Cataluña, pero es algo que ocurre en todos los sistemas federales modernos. Como ha recordado recientemente José María Ruiz Soroa (El Correo, 2-9-2012), tener déficit fiscal no es “un expolio, ni un robo, ni algo injusto, sino la expresión de la justicia fiscal progresiva”. A nadie que paga más impuestos de lo que cuestan los servicios públicos que recibe se le ocurriría salir a la calle gritando “tengo un déficit fiscal personal”, dice Ruiz Soroa, para concluir que si las diversas comunidades tuvieran todas un saldo fiscal igual a cero “podríamos afirmar que estamos ante un Estado radicalmente injusto e insolidario que incumpliría sus funciones más básicas”. Cataluña contribuye a la Hacienda común en mayor medida que otras porque es más rica que ellas, o sea, porque hay en su población más contribuyentes ricos.

Lo mismo ocurre en Alemania, donde tres Länder, más la ciudad de Hamburgo, contribuyen a la financiación de los otros 12, que están por debajo de la media en ingresos per cápita. El artículo 107 de su Constitución establece que “se garantizará mediante ley que quede debidamente compensada la desigual capacidad financiera de los Länder”. Pero es cierto que una ley aprobada en aplicación de ese precepto fue recurrida en 1999 por el estado de Baviera ante el Tribunal Constitucional, que resolvió prohibir decisiones que implicaran que “el orden de capacidad financiera de los Länder quede invertido después del reparto” de los fondos de compensación. Ese principio figuraba en el nuevo Estatut, pero el Constitucional lo echó abajo argumentando que tal medida correspondería en su caso a la jurisdicción estatal, no a la de una parte, la comunidad autónoma.

Un Land puede mejorar posiciones en el ranking, pero no desbordar a uno de los contribuyentes netos en el resultado final. Es una virguería reveladora de la mentalidad algo mezquina de quienes lo plantearon en esos términos: exigir que los Estados pobres no reciban más ingresos por habitante que los que son contribuyentes netos no tiene una justificación moral o política clara. En todo caso, tranquiliza a los catalanes saber que no son los únicos afectados por esa obsesión.

Según datos de la Generalitat, Cataluña es la tercera comunidad en recaudación y la octava en financiación por cabeza, tras su aportación a la solidaridad. Pierde por tanto cinco puestos. Las otras dos comunidades que son contribuyentes netas, Baleares y Madrid, pierden respectivamente siete y nueve posiciones. El hecho de que afecte a esas otras dos comunidades podría tal vez propiciar una negociación que ya no sería solo sobre Cataluña, sino sobre la adecuación del sistema de financiación a las condiciones de la crisis. De la reunión podría salir el encargo de un informe técnico independiente que actualice datos e incluya los relativos a las balanzas comerciales entre comunidades, inseparables del debate sobre las balanzas fiscales.

Serviría al menos para ganar tiempo y bajar la fiebre independentista que tanto preocupa a los dos interlocutores. Un punto de partida para entendimientos posteriores sería que ambos se sincerasen y Rajoy reconociera que su mayor error como jefe de la oposición fue promover la recogida de firmas contra el Estatut; y que Mas admitiera que no fue menor el suyo de firmar ante notario su compromiso de no pactar nunca con el PP (el partido que le ha permitido aprobar los presupuestos para este año, y que seguramente no lo hará para el siguiente, lo que pondrá al president en la tesitura de pactar con Esquerra, seguramente la hipótesis que menos desea, o convocar elecciones anticipadas antes de fin de año).