Un rescate rápido

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto en la cumbre del G-20 que los capitales aportados por Europa a través del Fondo de Rescate o Mecanismo de Estabilidad para las recapitalizaciones bancarias no computen como deuda y, por tanto, no perjudiquen la solvencia del que los recibe. En el caso español, se trataría de desvincular la crisis bancaria de la crisis de la deuda, permitiendo que el Mecanismo de Estabilidad inyecte directamente el capital en los bancos afectados, sin que el Tesoro se vea afectado por las consecuencias de una carga financiera pública mayor. Es razonable, porque evitaría el encarecimiento de los costes financieros producidos por el aumento de la prima de riesgo asociado al aumento de la deuda; y tiene además el respaldo de políticos y funcionarios europeos, como el presidente francés, Francois Hollande, o el comisario Joaquín Almunia. La desvinculación entre riesgo bancario y riesgo soberano sería eficaz para aliviar la presión de los mercados. La propuesta, sin embargo, se enfrenta a enormes dificultades legales y políticas.

Las normas comunitarias impiden hoy la inyección directa de capital a los bancos desde el Fondo de Rescate. Solo la voluntad política de todos los países de la Unión permitiría incluir en los estatutos del Mecanismo de Estabilidad la inyección directa de capital. Pero no está claro que esa voluntad política exista; y consensuarla puede necesitar un tiempo del que la banca española no dispone. Porque, como le ha reclamado el G-20 al presidente español, el Gobierno debe poner en marcha rápidamente un rescate claro y contundente de la banca. La crisis bancaria española compromete la estabilidad de la Eurozona y, a su vez, la debilidad europea pone en riesgo la economía global.

En estas circunstancias, aunque la desvinculación del riesgo bancario y el riesgo soberano sea la solución óptima para España y para cualquier rescate bancario, cabe preguntarse si la opción política más sensata es aceptar una negociación con Bruselas que prolongue los plazos de devolución del capital aportado por Europa y reduzca el coste financiero de la intervención. Porque la propuesta pública de Rajoy en el G-20 tendría sentido si previamente se hubiera negociado con Alemania y Bruselas; pero ese no parece ser el caso, como se deduce de las declaraciones de la canciller y las advertencias de los funcionarios europeos sobre la legalidad vigente.

En conclusión, el Gobierno debería confirmar rápidamente la petición de rescate, una vez que se conozcan los cálculos de recapitalización de Roland Berger y Oliver Wyman, y abrir una negociación para detallar por cuánto dinero apelará, cuál será el plazo de devolución, el tipo de interés y la prelación de la nueva deuda sobre los activos españoles que adquieran los compradores privados. El G-20 ha respaldado el rescate bancario español y apoya las políticas de crecimiento. No son malas noticias para el Gobierno.