Los secretos de Exteriores

La revelación de un acuerdo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que restringe la información sobre los contenidos secretos y reservados, es una muy mala noticia para nuestra desprestigiada democracia.

Cuando el PSOE integró en su programa electoral, allá por el 2004, la redacción de una nueva ley de acceso a la información pública, parecía que se iniciaba el camino de no retorno hacia la transparencia que necesitaba nuestro sistema político. La peligrosa cercanía sobre la materia con legislaciones como la griega, maltesa, chipriota y luxemburguesa no era una carta de presentación factible en Europa. Tan poco propicio ha sido siempre el momento, que llegados a la segunda legislatura se echaron encima las elecciones siguientes y lo poco o mucho que se avanzó, tuvo que guardarse en un cajón. Ahora el PP, lejos de recuperar aquello, ha puesto encima de la mesa un revuelto que además de no responder a la demanda ciudadana, se pierde en la mezcla de conceptos ambiguos donde es difícil valorar el avance que significará la nueva ley.

No es lo mismo la transparencia, el acceso a la información pública o el buen gobierno, por lo que, asciende la sospecha de que el querer abarcar tanto, tiene más que ver con diluir la responsabilidad que con regularla. Por no mencionar a los expertos que ven en la nueva ley un problema de encaja con otras leyes orgánicas al permitir que se destituya a un cargo electo por mala gestión. Es difícil considerar que el retorno al silencio administrativo como negativo nos distancia de aquellos tiempos en los que el miedo no nos dejaba hacer democracia.

Ahora el PP ha puesto sobre la mesa un revuelto que no responde a la demanda ciudadana

Según los miembros de la Coalición Pro Acceso (plataforma de 59 organizaciones de la sociedad civil que reclaman una Ley de Acceso a la Información en España), el anteproyecto, tal y como está redactado, no se ajusta al Convenio de Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos entre otras razones por la definición limitada de información y porque la lista de excepciones sigue sin estar sometida en su totalidad a una prueba de interés público. Por otra parte el proceso de consulta, lo que no deja de resultar irónico, no publica las aportaciones de la consulta pública, algo que serviría para comprobar si realmente se incorporan aquellas que tienen "más apoyo de la ciudadanía".

De las casi 3.700 aportaciones recibidas, el Gobierno admite solo quince y dado que la las consultas públicas en la tramitación de una ley no están reguladas, han decidido darle el tratamiento de correspondencia y no compartirlas. El Gobierno zanja el asunto con la rotundidad de que "legislar corresponde a la mayoría surgida de las urnas" y modificar la Constitución no es algo que pertinente en estos momentos…

Ahora descubrimos con estupor que la provocación venía de antes. El entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, llevó a cabo, con el consentimiento del Gobierno anterior, la firma de un acuerdo que se zanjó en un Consejo de Ministros y que tuvo tan poca publicidad que ni tan siquiera se publicó en el BOE.

La información es un derecho fundamental y fortalecer las instituciones democráticas resulta prioritario para enfrentarse a la crisis

El 15 de octubre de 2010, se otorgó la clasificación de secreto a prácticamente todas las competencias de este ministerio. Desde las negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales; conflictos internacionales o internos, grupos terroristas, delincuencia organizada, tráfico de drogas, personas y armas; hasta la información relativa al despliegue de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales, secuestros, extradiciones, contactos de mediación con terceros países. Un largo etcétera que además incluye la protección de Derechos Humanos, asilo y refugio, beneplácitos de jefes de misión españoles y extranjeros, como cuestiones secretas de Estado y por tanto fuera del alcance de la opinión pública. También tiene un carácter reservado, las entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros, las gestiones de licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten, así como las candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.

Ahora que fortalecer las instituciones democráticas resulta prioritario para enfrentarse a la crisis, ¿obstaculizamos aún más el proceso de rendición de cuentas al ciudadano? El acceso a la información es un derecho fundamental que la ciudadanía se merece (más aún cuando hemos visto crecer la demanda con el 15M) y el Estado está obligado a facilitarla en tiempo preciso y con el detalle suficiente para poder ser interpretada.

Excluir a la ciudadanía porque se evidencie la pasividad del Parlamento y mostrarse esquivo ante la exigencia de responsabilidades por temas como las escalas en territorio español de los aviones con destino a Guantánamo, no responde a la madurez que cabría esperar en nuestra democracia. Si acceder a la información sobre cualquier asunto público en nuestro país, en los últimos cuarenta años, puede denegarse sin sobresalto, es que algo no ha terminado de cuajar en nuestro sistema político y por lo tanto, tampoco merece ser rescatado.

Kattya Cascante es politóloga de la Fundación Alternativas.