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EDITORIAL

Involución

El nombramiento sin consenso del presidente de RTVE agrava el deterioro institucional

El proceso abierto para nombrar al presidente de RTVE y renovar a parte de su Consejo de Administración es un claro exponente del deterioro democrático que sufren las instituciones españolas. La incapacidad de los dos principales partidos para consensuar el recambio de Alberto Oliart, que dejó el puesto hace 11 meses, ha sido para el Gobierno de Rajoy la excusa perfecta para cambiar las reglas del juego y regresar al modelo de radiotelevisión gubernativa. Apenas cuatro meses después de llegar a La Moncloa, el Ejecutivo aprobó un decreto ley que le permite nombrar sin negociación alguna al nuevo presidente y ahora remata la faena de la peor manera posible. Registró el lunes en el Congreso el nombre de su candidato —el abogado del Estado Leopoldo González-Echenique— al límite del plazo para hacerlo, escenificando la ausencia de negociación con el principal partido de la oposición, que, en protesta, dejará dos sillas vacías en el Consejo, además de denunciar el decreto ley de abril ante el Tribunal Constitucional.

Los mimbres tejidos por el Gobierno para RTVE no son los más adecuados para garantizar su independencia informativa. No hay ningún sistema perfecto para lograrla, pero el estatuto de 2006 que obligaba a consensuar los nombramientos ha convertido los telediarios de La 1 en los más neutrales de las últimas décadas y en los de mayor éxito de audiencia. Es lamentable y alarmante la celeridad con la que Rajoy ha desbaratado esa histórica —y ahora efímera— conquista. Pero las consecuencias del atropello son de mayor envergadura. Porque, aparte del resultado del cambio en el seno de la corporación, se ha tensado la relación con los socialistas, lo que sin duda va a repercutir en la buena marcha y la renovación que necesitan otras instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, ya suficientemente erosionadas.

Cabe preguntarse, no obstante, si la reacción del PSOE dejando dos de sus tres sillas vacías en el Consejo de RTVE es adecuada. Es difícil de entender una automarginación que dificultará a los socialistas la supervisión de la labor de los nuevos gestores justo cuando más se necesita. Estar en el Consejo puede facilitar el cambio de esas reglas que no gustan y mantener, al mismo tiempo, al consejero cuyo mandato aún no ha caducado desvirtúa tan discutible medida de presión.

RTVE atraviesa problemas financieros que el nuevo presidente tendrá que afrontar. Ese perfil técnico que tanto pondera el PP habría sido la mejor carta de presentación para lograr el consenso con el PSOE. Descartar tal posibilidad es un desprecio a las prácticas democráticas más extendidas en nuestro entorno. Por lo demás, la medida de la capacidad de gestión y su respeto al pluralismo informativo solo la darán los equipos que forme y el desempeño en su labor de González-Echenique, un abogado sin experiencia en el sector audiovisual. Pero llega con un pecado original difícil de soslayar.

 

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