Consentir la ilegalidad

El Gobierno se dispone a afrontar el problema de las urbanizaciones ilegales construidas en toda España, en especial en el litoral, con un proyecto de amnistía urbanística difícil de aceptar por los ciudadanos que hayan adquirido legalmente su vivienda (una gran mayoría) y pagado puntualmente los impuestos. Fomento ha enviado a las comunidades autónomas, para recoger las alegaciones oportunas, un documento en el que se plantea, a través de modificaciones en las leyes del Suelo, de Propiedad Horizontal y de Economía Sostenible, que las sentencias para demoler una edificación ilegal queden suspendidas cuando se demuestre que tales viviendas las habita un tercero (es decir, un comprador de la vivienda que la ha adquirido a un promotor) de buena fe.

Como suele suceder, la declaración de intenciones del documento nada tiene que ver con los efectos que produciría si se convierte en una amnistía efectiva y menos aún con los objetivos políticos que deja traslucir. Un cambio legal de esta naturaleza acabaría con la inquietud de decenas de miles de compradores de viviendas en urbanizaciones con licencias irregulares. Resolvería también un atasco administrativo, puesto que los tribunales tramitan con excesiva lentitud las causas contra las promociones ilegales y la ejecución de los derribos se eterniza. La amnistía reconocería así, de forma implícita, la incapacidad de la legislación y del aparato jurídico español para aplicar con presteza las soluciones adecuadas.

Pero esta condonación urbanística colocaría en desventaja a los municipios y ciudadanos que actuaron correctamente, los que han sufrido el rigor de los trámites y pagado las tasas e impuestos correspondientes. Y dejaría en situación desairada a los jueces que han dictado las demoliciones de acuerdo con leyes y reglamentos que respeta una mayoría de la población. Equivaldría a una claudicación. No es posible suspender demoliciones aprobadas judicialmente, de la misma forma que no se puede amnistiar a un defraudador fiscal condenado con sentencia firme.

Tampoco es aceptable medir o pesar la buena fe del comprador. Quien compra una vivienda está obligado a cerciorarse, porque nada le exime de cumplir la ley, si satisface los requisitos administrativos necesarios. Exactamente por la misma razón que no se le olvida comprobar que no tiene cargas hipotecarias.

La propuesta de Fomento tiene lecturas políticas desfavorables. Una interpretación verosímil es que el Gobierno pretende granjearse los votos de los compradores implicados, de buena o mala fe, en promociones ilegales. Sería además un error que la economía que quiere recuperar el Gobierno estuviera fundada en la construcción y en una nueva etapa de recalificación masiva de suelos. El problema político es que los votantes no ven hoy las consecuencias de una burbuja inmobiliaria, con sus secuelas de desorden urbanístico y corrupción, con los mismos ojos que en 1999.