RTVE: Un modelo de éxito en peligro de extinción

El proceso de acoso y derribo a lo público al que, de viernes en viernes, venimos asistiendo, ha alcanzado también, cómo no, a la Corporación de Radio y Televisión Española con una serie de medidas, vía decreto, que afectan a su futuro y alteran sustancialmente el modelo que se ha venido desarrollando hasta la fecha a partir de la Ley 17/2006. Modelo que, sin duda, constituye uno de los mayores avances en materia de independencia, pluralidad y calidad del servicio público de RTVE y uno de los logros más destacados en materia de libertades civiles de la primera legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Dicho modelo, de raíz esencialmente europea, se asienta en un concepto de los medios de comunicación públicos que combina las exigencias propias de su condición de servicio público con la capacidad de atraer audiencias mayoritarias y ser referente en el panorama audiovisual. Una concepción de “lo público” que no renuncia a ser “competitivo” pero que debe someterse a criterios y obligaciones tales como la promoción de los valores constitucionales, la exigencia de pluralidad, neutralidad y rigor informativo, el derecho de acceso, la cohesión territorial, el impulso a la I+D audiovisual...

Elemento clave de este modelo es la independencia respecto a los gobiernos de turno. De ahí que la ley estableciera una dependencia funcional, orgánica y presupuestaria con el Parlamento al mismo tiempo que mecanismos para garantizar la “no dependencia” del Gobierno de turno.

Tal modelo se ha ido desarrollando desde el principio del año 2007 hasta finales del 2011 cuando se promulga el Primer Decreto que afecta a la Corporación. Entre medias, hubo algún cambio que alteró parcialmente el proyecto inicial. El más significativo fue la modificación del sistema de financiación de CRTVE a través de la Ley de septiembre de 2009. Dicha ley suprimió la publicidad como forma de financiación de la Corporación pasando a depender ésta exclusivamente de recursos públicos, lo que ha generado alguna incertidumbre de cara al futuro, y problemas, no siempre de menor envergadura, en el flujo de ingresos.

Con todo, el modelo ha funcionado con notable éxito, se ha mantenido el equilibrio presupuestario y, durante más de cinco años Televisión Española ha sido líder de audiencia en informativos y, en los dos años últimos, también en el conjunto de su programación. Con los matices y críticas que se quieran hacer, el hecho es que RTVE ha alcanzado, así lo reflejan todas las encuestas, las cotas más altas de respaldo ciudadano de su historia. Este es el modelo que el Gobierno actual pone en cuestión. O en grave riesgo.

El Real Decreto ley de 30 de diciembre de 2011 que reduce sustancialmente la asignación del Estado a CRTVE, y su posterior consolidación en el presupuesto aprobado por las Cortes, supone un recorte de 240 millones de euros con respecto al presupuesto anterior. Dicho recorte, aplicable fundamentalmente a TVE, significa paralizar la compra de productos externos de máxima audiencia: series de ficción de alta calidad, eventos deportivos…El resultado, el declinar de las audiencias.

El segundo asalto se produce el pasado 20 de abril, con otro Real Decreto ley en el que se cambia un mecanismo clave para la independencia de CRTVE: la forma de elección del Consejo de Administración y de su presidente. Utilizando una argucia retórica y algunas falacias sobre la realidad de RTVE, dicho Decreto establece que se podrá elegir al presidente y a los miembros del Consejo por mayoría absoluta del Parlamento —previa votación que requiere mayoría cualificada, 24 horas antes— frente al criterio de la Ley de 2006 que forzaba el consenso de, al menos, dos tercios de la Cámara a tales efectos.

Adicionalmente, se altera la composición del consejo, al suprimir la presencia de consejeros propuestos por los sindicatos, y el estatus jurídico de sus miembros, que pasan de estar en régimen de dedicación exclusiva a ser retribuidos por asistencia a los Consejos. La nueva fórmula significa que habrá un presidente nombrado por el partido del Gobierno, con casi plenos poderes y sin apenas contrapesos internos.

El horizonte que se dibuja no es el de un mero recorte presupuestario a causa de la crisis “que exige sacrificios a todos”; apunta, más bien, a una estrategia de desmantelamiento, en línea con los sectores más liberales del PP que nunca han aceptado una RTVE capaz de competir por la audiencia. Y, menos aún, independiente del gobierno.

Tras la expresión de una destacada dirigente del PP: “Si no hay panaderías públicas por qué va a haber televisiones públicas”, se esconde una opción ideológica que pretende conceder al sector privado el papel de transmisor mayoritario de los contenidos audiovisuales, con la carga política que ello significa. De ahí la importancia de mantener unos medios públicos que, representando el interés general, garanticen una oferta audiovisual plural, independiente y de calidad. Es la opción por la que vienen apostando desde hace décadas los países europeos con más larga tradición democrática. Y a la que, al parecer, quiere renunciar el Gobierno.

Santos M. Ruesga y Teresa Aranguren son consejeros de la CRTVE