Un plan para Bankia

La crisis financiera y bursátil de Bankia, la cuarta institución financiera española, está alcanzando niveles catastróficos para la entidad recientemente nacionalizada. Ayer, la acción llegó a caer hasta un 29%; en los últimos 10 meses, desde que cotiza, los accionistas han perdido hasta un 62% de sus inversiones. La ruina de Bankia es tan amenazadora para el sistema bancario y para el mercado de valores que el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, comparecieron ante la opinión pública para desmentir que se esté produciendo una masiva fuga de depósitos y asegurar que Bankia es un grupo con futuro.

Desgraciadamente, lo que le falta a Bankia es una gestión de presente. El hundimiento de sus acciones, a pesar del recurso a la autocartera, indica que la nacionalización parcial del banco no se ha ejecutado en las debidas condiciones de transparencia y garantía de viabilidad del grupo. El Gobierno, agente de la nacionalización, no ha explicado seriamente los motivos de la intervención ni los planes de corrección financiera de la entidad. Para colmo de males, aparecen los reproches a destiempo, prueba de la pésima gestión política de la crisis. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sorprendida en cierta ocasión mientras se jactaba de colocar consejeros en Caja Madrid, ha descrito la fusión de la caja madrileña con otras seis como “un matrimonio a punta de pistola”. Habría que preguntar a la presidenta cómo es que no denunció en su momento el supuesto abuso para evitar los daños a los accionistas y a los contribuyentes.

Es evidente que los inversores consideran que la entrada de capital público en BFA no resuelve los problemas de la entidad. Puesto que el Gobierno es ahora el máximo responsable del grupo y que los contribuyentes tienen invertidos en Bankia 4.500 millones de euros, la decisión correcta en un sistema parlamentario es que el ministro de Economía acuda al Congreso a explicar cuáles son los planes de salvación de la entidad. Porque es de suponer que Economía y el Banco de España dispondrán de un plan para Bankia más convincente que una retahíla de respuestas atropelladas en una sesión de control.

Otro indicio de que la nacionalización no se ha ejecutado de forma competente es que todavía no se ha solicitado un informe sobre las responsabilidades de gestores y reguladores en la crisis de Bankia. Ese informe debería sustanciarse en una comisión del Parlamento, a ser posible paritaria, para evitar las tentaciones de echar tierra al asunto y con participación pública de los mejores expertos bancarios. Por si sirve de referencia y, por qué no, de bochorno, recuérdese que una pérdida de 1.500 millones de euros en la cartera de derivados de JP Morgan ha desatado la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos para decidir si hay delito en el daño sufrido por los accionistas.