Obispos contribuyentes

Poco a poco, de manera inexorable, parece que a la Iglesia católica no le va a quedar más remedio que empezar a ejercitarse en algo tan cotidiano y justo como pagar impuestos. Una vez que la Comisión Europea ha obligado a España a cobrar a los obispos el IVA, el debate está abierto a otro tributo, este de carácter local: el impuesto de bienes inmuebles (IBI). La ciudad de Zamora no es la primera en plantearlo, pero sí en idear una fórmula: separará la tasa de residuos urbanos del IBI para que la Iglesia, al menos, pague por la recogida de basuras. ¿Será el próximo paso obligarle a pagar también el que grava los inmuebles?

De momento, no, pero la senda parece estar ya trazada. El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, exigió en octubre del pasado año y como alcalde de Madrid que el Estado compensase al municipio por casi 100 millones de euros que dejaba de recaudar por las exenciones del pago del IBI de que disfrutan embajadas, cuarteles, cárceles y edificios religiosos. Mario Monti, primer ministro italiano, ha decidido cobrar el IBI a los edificios eclesiásticos no dedicados en exclusiva al culto.

Los defensores de la laicidad están en contra de estas exenciones que se suman, además, a las subvenciones estatales. En España, el debate del IBI es especialmente importante porque la Iglesia católica lleva años poniendo a su nombre toda finca o edificio que carezca de propietario oficial. Son las inmatriculaciones, que están engordando el extenso patrimonio episcopal. Así que no es raro que en tiempos de crisis Zamora haya sabido hallar la fórmula para que también los obispos se rasquen el bolsillo. Es previsible que la movilización de los políticos locales vaya en aumento.

Ruiz Gallardón tiene ahora la oportunidad de cambiar las condiciones del acuerdo con la Santa Sede, que datan de 1979. Los tiempos son otros y acabar con este tipo de privilegios puede ser pronto un gancho electoral. Tomás Gómez, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, ya lo ha advertido: terminar con la exención fiscal de la Iglesia lograría una recaudación anual de 3.000 millones. En tiempos de recortes son palabras mayores.