Ajustes en el sistema sanitario

Trabajo en un hospital y veo diariamente grupos de pacientes esperando para volver a su casa después de sus terapias de diálisis, rehabilitación o quimioterapia. Rostros cargados de fatiga, desconcierto y esperanza por olvidarse durante unas horas, hasta la jornada siguiente, del sufrimiento que los acompaña cada día.

La mayoría son ancianos en sus sillas de ruedas, solos (los más afortunados con algún acompañante), esperando una ambulancia en fríos pasillos y entradas del hospital. Las ambulancias que antes cubría la Seguridad Social a la que han estado cotizando durante tantos años, para verse ahora obligados a pagar por un derecho conseguido con tanto esfuerzo.

No soy médico, aunque si lo fuese seguiría tratando a los “enfermos sin papeles”. No nos olvidemos que estamos hablando de pacientes, de personas. No soy enfermera, auxiliar, celadora o administrativa, pero también apoyaría sus reivindicaciones. Soy investigadora y qué decir de eso y las reducciones que ha sufrido la ciencia. Eso da para una carta aparte.

Pero esta la escribo como ciudadana de a pie para recordarles a los políticos gobernantes que cada vez que aprueben leyes como estas, recuerden en su cabeza la foto con las caras de todas esas personas que cada día esperan una ambulancia para volver a sus casas o a sus residencias. ¿De verdad se merecen eso?, ¿de verdad nos merecemos esto?— Carolina Gutiérrez Montero. Madrid.

Las recientes medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de la nación en materia de Sanidad, suponen la pérdida de la universalidad en el acceso a la atención sanitaria, afectando de manera especial a los inmigrantes sin papeles. Tal retroceso implica un incumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, suscrita por España, y obligará a estas personas a acudir a los servicios de urgencia para ser atendidos.

Independientemente de las consecuencias que esta decisión tendrá, tanto en el deterioro de la salud pública, como en la sobrecarga asistencial que recaerá sobre el sistema hospitalario, existen implicaciones deontológicas que no se deben obviar. Como médico, y no solo por serlo del Sistema Nacional de Salud, tengo la obligación ética de prestar asistencia sanitaria a las personas que me la soliciten, debiendo atender “con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna”, tal y como reza el Código de Deontología Médica.

En consecuencia, quiero declarar públicamente mi compromiso con una población que puede verse apartada, a mi parecer de forma injusta, de un derecho básico.— Luis C. Aragón Buñuel. Pediatra. Leganés, Madrid.