Editorial
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España ante sí misma

Las crisis son efecto de malas políticas, no de fatalidades; por eso es también política la salida

La acumulación de malas noticias para España durante las últimas semanas ha generalizado una sensación de pesimismo que distorsiona la situación real del país y minusvalora los recursos con los que cuenta para superarla. Por más que se hayan repetido los fracasos en la historia, ni obedecieron a una condena metafísica, ni dictaron un destino inapelable. La crisis que hoy atraviesa España, como la mayor parte de las que padeció en el pasado, es resultado de haber adoptado unas decisiones políticas y no otras, sin olvidar la determinante influencia del contexto exterior. Serán, pues, decisiones políticas las que permitirán superarla o, por el contrario, las que agravarán sus efectos. Con el añadido de que, gracias al esfuerzo colectivo desarrollado desde la reinstauración de las libertades, España ha alcanzado por sí misma y como miembro de la Unión Europea un lugar destacado en ese contexto exterior a cuya influencia es imposible sustraerse.

Las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 han demostrado una extraordinaria solidez, a pesar de la ligereza con la que han sido servidas en ocasiones por sus representantes. Desde hace más de dos décadas, y de manera cada vez más acelerada, la frivolidad ha estado detrás del ejercicio sectario de las tareas parlamentarias, de la administración espectacular de la justicia y de la utilización, a la vez propagandística y prepotente, del poder ejecutivo.

La frivolidad ha marcado también el uso de los mecanismos autonómicos, tanto por parte de quienes vieron en ellos una estación de paso, como de quienes agitan sus dificultades para promover la recentralización. Ni siquiera la jefatura del Estado ha quedado al margen de la tendencia general, según han venido a poner de manifiesto los diversos episodios en los que se ha visto envuelta la Casa del Rey en los últimos tiempos. La crisis exige reforzar las instituciones poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas.

La economía española está padeciendo las consecuencias de una frenética burbuja inmobiliaria con cuyo espejismo de abundancia todos los Gobiernos prefirieron convivir en lugar de corregir. Pero no todo en estos años ha sido furor especulativo: hay empresas españolas que han logrado consolidar posiciones internacionales de primer orden. La expropiación de la que ha sido objeto la petrolera Repsol en Argentina ha venido a recordar que la proyección de los intereses españoles exige una política exterior a la altura. Hace demasiado tiempo, sin embargo, que esta ha dejado de estarlo, sometida a ensoñaciones ideológicas de signo opuesto durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero. Tampoco la diplomacia de Mariano Rajoy parece encontrar el tono justo, dejándose tentar por resabios nacionalistas, en lugar de consagrar sus esfuerzos a reconstruir la red de relaciones que hagan de España un actor fiable y respetado. España lo fue, por lo que puede volver a serlo: todo dependerá de las iniciativas que adopte, no de las campañas propagandísticas en torno a una marca.

Crisis como la que hoy atraviesa el mundo, y ante la que España está resultado particularmente vulnerable, provocan ganadores y perdedores. El ventajismo de quienes tienen más posibilidades de ganar solo provocará el resentimiento de quienes las tienen de perder. Solo el poder político puede arbitrar las medidas que impidan el desencadenamiento de esa espiral tan destructiva como incontrolable, convirtiendo en equitativo esfuerzo colectivo lo que, mal administrado, degeneraría en descarnada defensa de los intereses particulares. España está ante sí misma y podría fracasar una vez más si sus instituciones y sus ciudadanos olvidan los recursos de los que dispone para no hacerlo.

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