Tribuna
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La estrategia de pudrir las aguas

La consecuencia lógica del enfoque nacionalista es la autoexclusión de cualquier posible acuerdo

La Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea nos está llevando en estos meses a fijarnos algo más en ese pequeño y próspero país. No resulta fácil encontrar demasiados parecidos entre Dinamarca y España, pero aun así hace pocos años las Islas Feroe, el archipiélago del Atlántico Norte constituido en región autónoma, fueron tomadas por algún avispado como referencia para justificar sus reivindicaciones nacionalistas. La anécdota, ya casi olvidada, tiene más enjundia si recordamos que, casi en las mismas fechas, se estaba fraguando la reorganización territorial danesa, algo que pasó por aquí totalmente desapercibido. Tras un amplio debate, en 2005 los daneses optaron por reducir sus regiones a cinco y eliminaron dos terceras partes de los municipios al exigir a cada término jurisdiccional una población mínima de 30.000 habitantes. Una muestra más del pragmatismo de los países nórdicos, capaces de priorizar sus intereses y afrontar sin prejuicios algunas transformaciones profundas para garantizar su modelo social.

Los precedentes de este socio europeo no pueden llevarnos muy lejos, del mismo modo que las comparaciones obsesivas de algunos con el federalismo alemán o con el modelo canadiense resultan de escasa utilidad. Los esquemas de organización territorial son idóneos o no en la medida en la que ofrecen respuestas satisfactorias a las necesidades políticas de un país en un momento determinado. No hay dos federalismos iguales, como tampoco existe un modelo único para eso que se suele llamar Estado centralista. El Título VIII de la Constitución fue una solución inteligente y útil para soslayar un bloqueo que hubiese podido comprometer la buena marcha de la Transición pero, superada ya esa etapa, es necesario pararse ahora a evaluar con rigor los resultados. Los éxitos son evidentes: la descentralización política ha dado una respuesta satisfactoria a las aspiraciones de autogobierno de buena parte de las regiones, ha facilitado un desarrollo económico más equilibrado y, en términos políticos, ha ofrecido un sano contrapoder moderador. Pero los fracasos también saltan a la vista: la rápida expansión de las Comunidades Autónomas condujo, en ocasiones, a la multiplicación de estructuras administrativas caras, poco justificadas y con escaso control. Y, además, lejos de haber dado satisfacción a los más nacionalistas, nuestro modelo apenas ha servido para diluir algunas formaciones regionalistas marginales.

Llejos de haber dado satisfacción a los más nacionalistas, nuestro modelo apenas ha servido para diluir algunas formaciones regionalistas marginales
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El modo en el que Dinamarca afrontó su reestructuración administrativa, en cambio, sí nos puede servir de ejemplo. La sociedad española se enfrenta ahora al reto de transformar el funcionamiento del Estado de las Autonomías para hacerlo perfectamente coherente con el modelo social que pretendemos mantener y mejorar. A partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades y de nuestras aspiraciones hemos de ser capaces de redefinir el modelo para garantizar su viabilidad. Los retos siguen siendo los mismos de siempre: conciliar con eficacia la descentralización política y la unidad nacional, abrir espacio a las aspiraciones de singularidad sin merma de la solidaridad, articular las diferencias al tiempo que se proscriben los privilegios. Pero a todos ellos hay que añadir ahora uno más acuciante: el resultado tiene que contribuir a sostener con eficacia los niveles de bienestar alcanzados. Para conseguirlo, el diálogo fluido entre las grandes fuerzas políticas nacionales es imprescindible y urgente.

Mientras este gran acuerdo llega, aquellos que no parecen dispuestos a buscar una idea compartida de España no pierden el tiempo. Hace pocos días Oriol Pujol, nuevo secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, se explicaba con enorme claridad: “…sabemos que estamos entrando en un callejón que se va estrechando, porque las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Lo llamativo no es que se defienda con ahínco lo propio, eso lo hacen con cotidiana asiduidad todos los responsables políticos en cualquier parte del planeta, lo peculiar es que se pretenda en ocasiones mostrar un cierto sentido de Estado o una voluntad de acuerdo cuando, al mismo tiempo, se reconoce que el camino emprendido lo hace imposible. En el fondo, desde este punto de vista, la reclamación de un pacto fiscal o de un Estado propio no difiere mucho del planteamiento que guió la conformación de una mayoría excluyente para la aprobación del nuevo Estatuto; como cualquiera podía comprender, un camino abocado al fracaso desde sus torpes comienzos. Bien sea el reflejo de una táctica negociadora, bien la expresión de las más íntimas convicciones, la consecuencia lógica de tal enfoque es la autoexclusión de cualquier posible acuerdo.

La provocación forma parte de los malos hábitos de algunos políticos de todos los partidos, pero tiene una dimensión especial en la manera de hacer de determinados líderes nacionalistas. El nuevo líder convergente dio prueba de ello en su reivindicación de la independencia económica para Cataluña cuando apeló a una supuesta necesidad de huir de las “aguas podridas” de España que “ahogan”, esgrimió, a Cataluña. Mientras se exhiben los símbolos y los sentimientos propios como fundamento de la acción política, se ofende gratuitamente la sensibilidad ajena. Solo se puede entender a quienes así actúan asumiendo que lo que buscan es, precisamente, pudrir las aguas de la convivencia.

Gabriel Elorriaga es

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