Atisbo de justicia

Han tenido que transcurrir 10 años desde la constitución del tribunal y seis desde la detención del acusado para que la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) alumbre su primer fallo. Thomas Lubanga, un señor de la guerra congoleño que podría ser condenado a cadena perpetua, ha sido declarado culpable por tres jueces de secuestrar a miles de niños y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que fueron asesinadas más de 60.000 personas. Solo un fragmento de los terribles conflictos étnicos y religiosos, casi siempre con trasfondo económico, que en las últimas décadas se han cobrado en el centro de África varios millones de vidas, ante la indiferencia exterior.

Lubanga no es una pieza mayor en el punto de mira de un tribunal —para sus críticos demasiado centrado en África— nacido para perseguir a culpables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad. Ha estado a punto de ser absuelto por tecnicismos legales, y su proceso refleja en buena medida la falta de medios, la exasperante lentitud y las limitaciones políticas y policiales de una institución entre cuyos 120 signatarios no figuran países tan decisivos como Estados Unidos, China o Rusia. Esas carencias explican, por ejemplo, que sigan estando fuera de su alcance personajes de la catadura del presidente sudanés, Al Bachir, verdugo de Darfur, que se pasea por las naciones vecinas con la complicidad de la Unión Africana pese a estar en busca y captura desde 2009.

Con todo y pese a su modestia, el fallo de La Haya representa una victoria de la justicia internacional contra la impunidad y una reparación, siquiera simbólica, para las miles de víctimas del sanguinario caudillo tribal congoleño. La sentencia, además de recordar a la opinión pública otros prominentes casos de atrocidades masivas en manos del tribunal (en Costa de Marfil, Libia, Uganda o Kenia), sienta un imprescindible precedente contra la esclavización sexual y militar de niños. Una lacra repugnante, no exclusiva de África, expuesta planetariamente estos días a propósito del criminal de guerra ugandés Joseph Kony, a la cabeza de los más buscados por la CPI. El impacto del vídeo divulgado por una ONG estadounidense sobre el jefe del lunático Ejército de Resistencia del Señor, que ensangrentó su país y cuyo rescoldo todavía opera en el Congo, ha forzado a Kampala a proclamar con insólita urgencia y solemnidad que mantiene su persecución.