La infancia, unas medallitas y aquella deuda postergada

Para unos fue por la ausencia de noticias relevantes. Para otros, por la madurez política de la sociedad argentina. Quizás, por ambas cosas. Lo cierto es que la noticia se multiplicó en todos los medios de comunicación y dio origen a diversas cadenas de indignación y espanto: un conjunto de niños y niñas de un jardín de infantes llamado El Abuelito, situado en la periferia de Buenos Aires, había sido humillado.

El detonante fue un vídeo casero colgado en Youtube y grabado con un móvil por el padre de uno de los niños agredidos. En él se registran escenas de un acto escolar de fin de año, donde la directora de la escuela anuncia que a los niños y niñas cuyos padres no hubieran pagado la cuota del mes de noviembre no les harían entrega de las carpetas con los trabajos realizados ni los diplomas de final de curso. El vídeo muestra los pequeños subiendo al precario escenario a recibir sus trabajos, el diploma y una medallita recordatoria. Al bajar, los “deudores” son interceptados por una profesora que se los quita, mientras la directora advierte que con las cuotas de los padres se pagan los salarios de las docentes. Las imágenes de una maestra retirando la medallita del cuello de una niña y el llanto desconsolado de un pequeño que ha perdido su diploma, recorrieron el país.

La ira y el clamor se multiplicaron en pocas horas, tomando estado público y generándose una ola de apoyo a los padres y de saludable condena a la escuela.

Horas más tarde, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la flamante Ministra de Educación, Silvina Gvirtz, entregarían a los damnificados, frente a un enjambre de cámaras de televisión, sus medallitas confiscadas y sus diplomas negados. Los rostros incrédulos y sorprendidos de los niños era la marca más visible de un cuadro que oscilaba entre la angustia y la dignidad, algo que, por cierto, refleja muchas veces la idiosincrasia de la política argentina.

La dimensión positiva de la historia podría resumirse en la rápida y oportuna reacción de las autoridades que, embanderados bajo el lema, “a los niños no se los humilla”, intervino en la materia, realizando las denuncias del caso y enfatizando que la educación es un bien público, destinado a crear y difundir valores democráticos, algo que lo ocurrido contradecía de forma grotesca. La nueva Ministra de Educación, una muy destacada intelectual argentina, no pudo ocultar su perplejidad ante el hecho de que un establecimiento sin ningún tipo de permiso oficial funcionara como jardín de infantes en condiciones visiblemente precarias y atendiendo a una población visiblemente pobre. “Serán tomadas medidas”, afirmó y prometió que, en breve, los vecinos de la comunidad tendrían una escuela pública donde mandar a sus hijos.

Lo trágico y lo heroico suelen hermanarse en el camino de la política, especialmente, cuando las deudas sociales son tan inmensas como las que se acumulan en un país que, hace apenas una década, estaba al borde del abismo.

>Puede ser que por eso, el hecho que más debería llamar la atención en esta historia, siquiera fue mencionado en buena parte de las crónicas y discursos sobre el caso. ¿Por qué razón un conjunto de padres dejan de pagar una cuota mensual de cien pesos argentinos, o sea, un poco menos de dieciocho euros, en el jardín de infantes que cuida a sus hijos buena parte del día? O, dicho de otra forma, ¿por qué esos padres, que desean para sus hijos un futuro de felicidad y de bienestar, deciden pagar (o no pagar) la cuota de una escuela infantil que, aún siendo mínima, constituye un valor que supera sus condiciones financieras?

Los que sostienen que la sociedad argentina ha mejorado en su calidad democrática quizás tengan razón al afirmar que, al menos, en esta oportunidad, la clase política y los medios de comunicación no defendieron a la escuela sino a los niños y niñas humillados por la violencia que los hizo rehenes de la deuda de sus padres. Sin embargo, y más allá de las declaraciones de principios, que nunca sobran, un tema parece imponerse: ¿qué hace que un galpón, de apariencia decadente, sin cualquier tipo de licencia o autorización oficial, se transforme en una “escuela” donde decenas de padres y madres confían cotidianamente sus niños y niñas con menos de cinco años de edad? ¿Qué razones explican que una madre presuma que aquello que más ama en el mundo podrá ser bien cuidado en un establecimiento que no posee siquiera las condiciones de infraestructura y humanas para atender a un niño? ¿Por qué esas mujeres que tanto protegen a sus hijos los mandan a esas escuelas clandestinas, mugrientas, agresivas, insensibles y abandonadas, que ni habilitación como supermercados tienen?

La respuesta es tan simple, patética y heroica como nuestra historia: porque no hay otras.

Una deuda postergada

Durante los últimos años, los niveles de pobreza en algunos países de América Latina han disminuido de forma progresiva. Producto en buena medida de los efectos redistributivos de las políticas progresistas que siguieron a los duros años neoliberales, este hecho no puede ofuscar dos tendencias que aún se mantienen inalteradas en toda la región: las altas tasas de desigualdad y los efectos injustos de una pobreza cuyas consecuencias de exclusión y marginalidad son vividas con mucho mayor intensidad por los niños, las niñas y los jóvenes. Los avances en materia de política social durante los últimos años han sido considerables. Sin embargo, aunque la pobreza y la desigualdad atacan a todos los estratos generacionales, sus efectos en la infancia pueden tener consecuencias devastadoras, limitando algunas de las conquistas sociales más recientes.

Toda forma de pobreza y, en particular, toda forma de reproducción de las desigualdades, posee un efecto regresivo en materia democrática. Entre tanto, la pobreza infantil y las desigualdades generadas por la exclusión y la privación más elemental de las condiciones de vida entre los sectores más jóvenes de la población, generan no sólo la violación de derechos humanos fundamentales, sino también, hipotecan las oportunidades de desarrollo y bienestar de una comunidad. La carencia o la negación de derechos a los niños y niñas no sólo es condenable en sí misma, sino también porque ella constituye una deuda de muy compleja resolución o atención con el pasar de los años.

Las deudas con la infancia en Latinoamérica son de larga data y acumulan un déficit de necesidades desatendidas que no se resuelven sólo con declaraciones de buena voluntad ni, mucho menos, con olas de indignación pasajeras que ganan fuerza cuando la humillación de la infancia toma estado público.

Promediando la primera década del presente siglo, la mitad de los niños y niñas latinoamericanos (más de 80 millones) se encontraba por debajo de la línea de la pobreza. Entre ellos, algo más de 22 millones, estaban en una situación de pobreza extrema. Las diferencias dentro de la región son, como siempre, muy altas y, dentro de un mismo país, las disparidades impiden generalizaciones muy amplias. Sin embargo, el tema está lejos de haber sido superado.

Una de las evidencias de esta situación de pobreza estructural es la dificultad de acceso de los niños y niñas con menos de cinco años a la escuela. Las ventajas de la educación en la primera infancia están largamente comprobadas y serán motivo de otra crónica. Lo que corresponde reconocer aquí es que, más allá de cualquier ponderación psicosocial o pedagógica, resulta evidente que las oportunidades educativas, como todas las oportunidades sociales, suelen ganar fuerza de manera acumulativa y que la pérdida de una oportunidad (o de un conjunto de oportunidades) difícilmente se compensa con el pasar del tiempo o se recupera una vez que los gobiernos despiertan del letargo que adormece su responsabilidad ciudadana. Oportunidades perdidas en la primera infancia son eso: oportunidades perdidas, las cuales muy pocas veces o nunca se recuperan. Así las cosas, la negación de la educación a las niñas y niños más pequeños constituye un delito por partida doble: se les niega a ellos el derecho a una infancia digna y, además, se les niegan las condiciones a una vida adulta donde las oportunidades puedan ser aprovechadas de forma igualitaria y justa.

El acceso a la escuela desde los primeros años de vida está negado a buena parte de los niños y niñas de América Latina y el Caribe. Los datos oficiales muestran una correlación directa entre el retraso de acceso a la escolaridad y la pobreza de la población. Al revés de cómo debería ocurrir, aunque por razones evidentes, los niños y niñas de familias con mayores recursos y mejores condiciones de vida, entran primero a la escuela y los que provienen de familias más pobres lo hacen más tarde o no lo hacen nunca. Las disparidades entre los pobres suelen seguir aquí los patrones habituales: la población rural sufre más la discriminación del acceso a la educación infantil, al igual que los pequeños de las familias indígenas o afrodescendientes.

En América Latina, la primera educación que reciben los más pobres es que, justamente por ser pobres, indios, campesinos, negros, por ser hijos del pueblo, serán sistemáticamente discriminados, negados de sus derechos y hasta expropiados, cuando las tengan, de sus medallitas de final de curso.

Las cifras son elocuentes. Aunque los niveles de escolaridad a partir de los seis años son casi universales en gran parte de los países de la región, sólo 67% de los niños y niñas más pobres con cinco años de edad asiste a un establecimiento de educación infantil. Entre los pequeños de las familias con mayores recursos, el acceso es casi total.

Un dato revela la perversidad del abandono que vive la infancia en esta región: cuanto más pobres son los países, más débiles son los sistemas públicos de protección y atención a los más pequeños, siendo la educación infantil una dramática evidencia de esta desidia. En los países menos desarrollados, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala, sólo el 40% de los niños y niñas con cinco años que asiste a una escuela, lo hace en un centro público. En Haití no se poseen datos oficiales al respecto, aunque nada hace suponer que, en el país de las Américas que más privatizado tiene su sistema escolar, los más pequeños tengan acceso a un centro educativo antes de cumplir seis años (o después).

En muchas naciones de Latinoamérica se produce el curioso hecho de que los pobres, cuando aspiran a mandar a sus hijos a la educación infantil o, en el otro extremo, a la universidad, sólo pueden hacerlo si pagan por ello. Los dos márgenes del sistema escolar se encuentran casi totalmente privatizados, poniendo en evidencia que las oportunidades educativas se distribuyen en la región de forma tan injusta como la riqueza.

Lo interesante de la historia relatada, es que ocurrió en Argentina, uno de los países menos desiguales del continente y con uno de los sistemas educativos más democráticos. Sin embargo, más allá del triunfalismo que podría generar un certamen de inequidades regionales, el caso argentino muestra también la complejidad del referido abandono y el tamaño de la deuda social acumulada. En efecto, el Jardín de Infantes El Abuelito, se encuentra en La Matanza, una región inmensa de la Provincia de Buenos Aires, de nombre poco amigable, con una gran historia de luchas populares y muchos pobres. Se trata del distrito más poblado de la provincia, con casi 1.800.000 habitantes. Allí existen 297 establecimientos de educación infantil, de los cuales, 143 son públicos y 154 privados. Si consideramos que el El Abuelito no tenía habilitación escolar, el número de establecimientos privados debe ser, claro, bastante más alto. La justa aspiración a que en la Provincia de Buenos Aires ningún niño sea humillado, no puede soslayar esta herencia.

Aquí, en el Sur del planeta, las vacaciones escolares comienzan. Algunos, tendrán derecho a disfrutarlas merecidamente. Otros, continuarán soñando con aquello que les corresponde y aún les niegan. Mientras el calor arrasa la tierra, el llanto de una niña que ha perdido su medallita resuena en el corazón partido de una sociedad que aspira a revertir su historia.

(Desde Buenos Aires)

Lectura recomendada

SITEAL. Primera infancia en América Latina: la situación actual y las respuestas desde el Estado. Informe de tendencias sociales y educativas en América Latina, 2009. IIPE/UNESCO – OEI, Buenos Aires / Madrid, 2009. http://www.siteal.iipe-oei.org/informe/228/informe-2009