Aguirre permitirá al Canal tomar participaciones en otras empresas

La Comunidad de Madrid usa la Ley de acompañamiento para que los promotores se queden suelo que antes cedían para uso público

La Comunidad de Madrid ha elaborado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañan a los presupuestos de 2012 y la ha enviado al Consejo Económico y Social de Madrid (CES) para que la estudie y la avale. El Gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre, suele utilizar esta ley para introducir las reformas más impopulares en su gestión. Estos son las principales.

El Canal podrá invertir en bolsa. La nueva ley, además, despeja las trabas legales para que la Comunidad avance en la privatización del Canal de Isabel II. La ley de acompañamiento establece que "el Canal llevará a cabo la capitalización de la sociedad que mantendrá la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento... El proceso de capitalización podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49% del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos". Además, la Comunidad de Madrid permitirá que el Canal pueda tomar participaciones de otras empresas. "La nueva sociedad podrá realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas sociedades sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno". Hace unos meses se especuló con la posibilidad de que el Canal se convirtiera en socio de referencia de Bankia, el banco creado con la integración de Caja Madrid con otras entidades financiera, según publicó Cinco Días. Según el diario económico, Aguirre preparaba el terreno para que el Canal de Isabel II adquiriera hasta el 25% de la colocación en Bolsa de Bankia. La entidad ya cotiza en el parqué, por eso la modificación que impulsa ahora la Comunidad de Madrid deja la puerta abierta para que el Canal entre en el capital del banco.

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El diputado socialista, Antonio Miguel Carmona, se pregunta "qué sociedades pretende adquirir el Gobierno regional" con la modificación que introduce en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Además, Carmona añade: "El Gobierno de Esperanza Aguirre habilita el proceso de privatización del 49% del Canal de Isabel II, hecho gravísimo dado que de nuevo legalmente se establece sin contar con el correspondiente debate parlamentario".

Regalo a los promotores. La nueva ley escoba, como se conoce a la ley de acompañamiento, contiene 16 artículos que modifican otras tantas leyes regionales. Una de las novedades más relevantes consiste en una modificación de la Ley del Suelo que permite a los promotores ceder menos terrenos para uso público. De esta forma los constructores podrán computar como cesión el suelo que destinan a los jardines privados de las urbanizaciones.

"Reducen la posibilidad de que haya más jardines públicos", explica el responsable de UGT y miembro del CES, Juan Luis Martín. "Vamos a reducir las cargas urbanísticas que se contemplan en la Ley del Suelo para favorecer la dinamización del sector de la construcción reduciendo este tipo de cargas", aseguró ayer el vicepresidente regional, Ignacio González. "El objetivo es reducir los costes de urbanización y construcción", agregó el número dos del Gobierno regional. La consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha precisado que la ley obliga a los promotores a realizar una serie de cesiones de suelo a la administración cada vez que construyen. Hasta ahora, explicó Mariño, las cesiones que tenían que hacer los promotores eran de 100 metros cuadrados (70 metros a las redes generales, que afectan a todo el municipio, y 30 metros a las redes locales, sólo para las zonas donde se construye) por cada 100 metros construidos. La ley reduce estás cesiones a la mitad. El año pasado Aguirre ya modificó la Ley del Suelo para permitir que la Comunidad de Madrid pudiera vender el suelo obtenido de las cesiones. Con esta nueva modificación, dispondrá de menos suelo para vender.

Reduce el impuesto de Patrimonio. La ley de acompañamiento también avanza en la práctica supresión del impuesto de Patrimonio. La Comunidad de Madrid eleva el mínimo exento hasta 700.000 euros, el mismo nivel que el Estado, de tal forma que se reducen los individuos que tengan que tributar por este impuesto. También se modifican las tasas sobre las máquinas de juego para obtener más ingresos a las arcas regionales y se obliga a pagar las tasas trimestralmente para adelantar el cobro de estas tasas. Además, la norma regional prevé comenzar a cobrar por visitar los jardines del Castillo de Manzanares el Real y el Palenque.

El diputado socialista, Antonio Miguel Carmona, ha explicado que esta modificación en la Ley del Suelo supone que las administraciones dispondrán de menos suelo para construir equipamientos públicos como colegios, centros de salud, o bibliotecas. Además, el diputado socialista ha calificado la ley de acompañamiento como "oscurantista" y ha añadido: "Resulta lesiva para los intereses de los madrileños". Carmona ha recordado que esta norma es "un cajón de sastre que oculta todo aquello que Aguirre no quiere pasar por el parlamento o no quiere mostrar a los madrileños y que se resume en oscurantismo o despotismo no ilustrado".

El transporte más caro para los de fuera de Madrid. La ley escoba prevé que los usuarios del servicio de transporte regional que vivan fuera de Madrid no se beneficien de la subvención que el Gobierno regional al abono de transporte. para ello, modifica la Ley por la que se crea el Consorcio Regional de Transporte para que "solo financie, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid".

"Esto perjudica a la gente que trabaje aquí y resida en otra comunidad autónoma, como Castilla la Mancha, valor Manuel Fernández, técnico de movilidad de CC OO. Según Fernández, esta propuesta puede suponer riesgos como que el Ministerio de Fomento (que aporta parte de los fondos del Consorcio Regional de Transportes) retire ese dinero porque solo beneficie a madrileños. También considera que "pone en riesgo" acuerdos de transportes con otras comunidades autónomas. "Es como lo que ha ocurrido en La Rioja con la sanidad". El Gobierno de La Rioja ha decidido dejar de prestar atención especializada a 9.000 vecinos de municipios limítrofes con Álava, una medida que también afecta a Navarra y por la que ha protestado el Ministerio de Sanidad. El diputado socialista, José Manuel Franco, considera que aplicar esta medida tiene grandes complicaciones técnicas. "Es muy difícil identificar a los usuarios que no son de Madrid. Qué se va a pedir el padrón para sacar el abono de transporte", se pregunta el parlamentario socialista que asegura que esta medida fomenta el uso del transporte privado con todos los problemas que conlleva: "Habrá más atascos, más contaminación".

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