Dudas legales ante la venta de suelo cedido que quiere Aguirre

La última propuesta urbanística de Aguirre llega con polémica. La Comunidad de Madrid ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos una modificación que le permitirá negociar con los terrenos que le entregan gratis Ayuntamientos y promotores privados. El PP de la Asamblea aprobará previsiblemente en el último pleno del año unos cambios en la Ley de Suelo que le dejan hacer negocio con los terrenos de las redes supramunicipales. El cambio choca con el criterio de los Ayuntamientos. Varios alcaldes de los grandes municipios consideran "impresentable" y "un robo" que la Comunidad busque negocio con sus cesiones. Expertos consultados creen que la nueva medida roza la ilegalidad y la oposición (PSOE e IU) amenaza con llegar hasta el Tribunal Constitucional para frenar la modificación. La Comunidad, por su parte, defiende que los cambios introducidos en seis artículos de la Ley de Suelo agilizarán trámites y reactivarán el mercado inmobiliario.

"Pediremos la devolución de los terrenos", dicen desde Leganés

Hay 12 millones de metros de suelo para comerciar, según el PSM

Los cambios están incluidos en el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento (popularmente conocida como ley escoba) y afectan a las cesiones del 20% de terrenos que Ayuntamientos y promotores particulares están obligados a entregar a la Comunidad de Madrid cuando hacen desarrollos urbanísticos. El Ejecutivo de Aguirre asegura que no se cambiará el uso social de los terrenos con esta modificación, aunque el giro en la normativa se lo permite.

"Es impresentable, Aguirre ha vuelto a hacerlo sin consultar a los municipios", señala el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. Este periódico solicitó una valoración de los cambios a los siete municipios madrileños con más de 100.000 habitantes (Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz y Parla). Fuenlabrada es uno de los tres municipios (con Leganés y Getafe, todos socialistas) que sí ha querido opinar. El resto guarda silencio a la espera de que se pronuncie la Federación Madrileña Madrileña de Municipios (FMM), el organismo que aglutina a los Ayuntamientos de la región y que preside el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (PP).

"Esta modificación va contra los derechos de los ciudadanos, los terrenos cedidos deben ser para equipamientos y viviendas sociales que ahora se pueden perder", critica el alcalde de Getafe, Pedro Castro.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente asegura que solo se venderá suelo "en casos muy concretos". Y pone un ejemplo: se hará cuando la cesión que corresponda a la Comunidad de Madrid conlleve un espacio tan reducido o aislado que no quepan viviendas sociales o parques. En esos casos se venderá para buscar suelo óptimo en otra parte. Una posibilidad que, según el PSOE, ya existe. "No necesitan modificar la normativa actual para cambiar los terrenos inadecuados por dinero, ya se puede hacer en casos excepcionales con la aprobación del Consejo de Gobierno", sostiene el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

Gordillo calcula que la Comunidad de Madrid dispone de más de 12 millones de metros cuadrados de suelo cedido (de los que un tercio correspondería a terrenos para viviendas sociales) con los que comerciar. Su grupo presentará esta semana en la Asamblea de Madrid una enmienda de supresión del artículo de la Ley de Acompañamiento que modifica la Ley de Suelo (artículo 12). Y estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad con el respaldo de al menos 50 senadores como establece la normativa. Un portavoz de Izquierda Unida añade que convertir el suelo cedido en una fuente de ingresos facilita la especulación y puede contravenir la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Los representantes municipales, sindicatos y expertos consultados manifiestan todo tipo de dudas legales sobre la maniobra del Gobierno regional. "Esta modificación es la mayor estupidez que he visto en mi vida. En cuanto entre en vigor, las cesiones que hemos hecho tendrán que revertir [volver] a sus propietarios originales y así lo pediremos", asegura el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Leganés, Enrique Olmedillas, que compara lo ocurrido con lo que pasó con la Operación Chamartín. En aquella ocasión, un cambio en el uso de los terrenos que rodean la estación de tren al norte de la capital ha supuesto más de 15 años de disputas. Los terrenos del entorno de la estación ferroviaria fueron expropiados a sus propietarios para uso público y después se cambiaron a suelos urbanizables para la construcción de pisos. El cambio llevó a más de 1.000 familias, los llamados reversionistas, hasta la Audiencia Nacional para pedir que se les pagara por las plusvalías que generó el cambio de uso.

"Esta nueva fórmula va a traer más problemas que beneficios a la Comunidad, es un auténtico carajal", vaticina el profesor de análisis de inversiones José Bartas, que añade la posible vulneración de la Ley de Suelo estatal. "Si conviertes esas cesiones del 20% de suelo en bienes patrimoniales como ha hecho este Gobierno pasan a ser lucrativas y exceden lo legal. La Ley de Suelo del Estado establece que las cesiones del aprovechamiento lucrativo pueden oscilar entre el 5% y el 15%. La modificación supera ese porcentaje, por lo que habrá que incluir otra modificación más para arreglarlo".

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, también ve "serios reparos jurídicos" en la modificación. "La Constitución establece que los poderes públicos deben regular el uso de suelo conforme al interés general, haciendo participar a la comunidad de las plusvalías y este cambio desvirtúa esa idea". Según Parejo, la fórmula elegida por la Comunidad para ganar dinero no es la más adecuada: "Hacer un cambio para engrosar el patrimonio de la Administración y venderlo desnaturaliza esta ley; para conseguir ingresos ya están los impuestos".