Aguirre reduce las cargas urbanísticas a los promotores

La Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana remitir al Consejo Económico y Social (CES) la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañan a los presupuestos para que la estudie y la avale. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, suele utilizar esta ley para introducir las reformas más impopulares en su gestión.

El responsable de UGT y miembro del CES, Juan Luis Martín, explica que la ley escoba, como se conoce a la ley de acompañamiento, contiene 16 artículos que modifican otras tantas leyes regionales. El dirigente sindical precisa que incluye una importante modificación de la Ley del Suelo que permite a los promotores ceder menos suelo al uso público. De esta forma los constructores podrán computar como cesión el suelo que destinan a los jardines privados de las urbanizaciones. "Reducen la posibilidad de que haya más jardines públicos", asegura.

"Vamos a reducir las cargas urbanísticas que se contemplan en la Ley del Suelo para favorecer la dinamización del sector de la construcción reduciendo este tipo de cargas", ha asegurado el vicepresidente regional, Ignacio González, según informa Europa Press. "El objetivo es reducir los costes de urbanización y construcción", agregó el número dos del Gobierno regional. La consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha precisado que la ley obliga a los promotores a realizar una serie de cesiones de suelo a la administración cada vez que construyen. Hasta ahora, explica Mariño a Europa Press, las cesiones que tenían que hacer los promotores eran de 100 metros cuadrados (70 metros a las redes generales, que afectan a todo el municipio, y 30 metros a las redes locales, sólo para las zonas donde se construye) por cada 100 metros construidos. La ley reduce estás cesiones a la mitad. El año pasado Aguirre ya modificó la Ley del Suelo para permitir que la Comunidad de Madrid pudiera vender el suelo obtenido de las cesiones. Con esta nueva modificación, dispondrá de menos suelo para vender.

La ley de acompañamiento también revisa a la baja el impuesto de Patrimonio y despeja las trabas legales para que la Comunidad avance en la privatización del Canal de Isabel II, según revela el responsable de UGT.

El diputado socialista, Antonio Miguel Carmona, ha explicado que esta modificación en la Ley del Suelo supone que las administraciones dispondrán de menos suelo para construir equipamientos públicos como colegios, centros de salud, o bibliotecas. Además, el diputado socialista ha calificado la ley de acompañamiento como "oscurantista" y ha añadido: "Resulta lesiva para los intereses de los madrileños". Carmona ha recordado que esta norma es "un cajón de sastre que oculta todo aquello que Aguirre no quiere pasar por el parlamento o no quiere mostrar a los madrileños y que se resume en oscurantismo o despotismo no ilustrado".