Aguirre reaviva la privatización del Canal de Isabel II

La Comunidad de Madrid sigue adelante con sus planes para privatizar el 49% del Canal de Isabel II. La empresa pública encargada de la gestión del agua en la región ha encargado a cuatro consultoras los estudios previos para comenzar el proceso de privatización, aparcado desde hace un más de un año.

El pasado 26 de marzo la dirección del Canal de Isabel II aprobó la contratación de BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por 1.144.235 euros. Hoy está previsto que el consejo de administración del ente regional ratifique el encargo.

La dirección del Canal ha encargado a BBVA dos informes; uno sobre el asesoramiento financiero y otro sobre los servicios de consultoría y valoración de acciones. Concinsa prepara un documento para el asesoramiento sobre los bienes patrimoniales; Rothschild sobre el contenido económico, y el despacho Cuatrecasas se encargará del asesoramiento legal.

El Gobierno de Aguirre desempolvó el plan hace un par de meses

El Ayuntamiento de Madrid y de otros 34 municipios de la región se oponen

Los estudios deberán estar listos en un plazo de entre tres y cinco meses, según fuentes del ente regional. Un portavoz de la empresa pública reconoce la existencia de los contratos, pero elude aportar más información.

Este renovado interés por privatizar el Canal de Isabel II tiene que ver con la caída de los ingresos regionales. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya intentó, sin éxito, privatizar también el Centro de Transportes de Coslada, pero la operación se fue al traste porque el precio que pedía era demasiado alto.

Fuentes del Ejecutivo regional recuerdan que los recursos generados por las privatizaciones no aumentan la capacidad de crédito, es decir, que no se puede aumentar el gasto con el dinero de estas operaciones. No obstante, sí se podría destinar esa cantidad a sufragar inversiones.Lo cierto es que tras la privatización del Canal de Isabel II se esconde la terrible sed financiera de la Comunidad de Madrid, y aunque durante meses se guardó en un cajón la idea de traspasar a manos privadas el ente regional, la delicada situación económica está secando las arcas regionales. Los ingresos de la administración autonómica se han desplomado y los responsables económicos andan haciendo malabares para cuadrar el presupuesto.

La privatización en tiempos de languidez económica conduce a valorar los activos del ente regional a un precio inferior al deseado. Por eso, durante un tiempo desde el Gobierno regional se aparcó la operación. Antes del verano, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró que el proyecto quedaba aplazado por la situación de los mercados. Hasta hace un par de meses, cuando la propia Aguirre anunció en sede parlamentaria que mantenía e impulsaba el plan. Con esta declaración impulsaba de nuevo al proyecto.

Una de las partes más suculentas de la operación es el patrimonio inmobiliario que tiene la empresa pública. El Canal cuenta con más de 200 viviendas, así como un gran surtido de solares repartidos por toda la región.

El patrimonio del Canal de Isabel II asciende a 670 millones de euros y su precio de mercado alcanza los 2.900 millones, según la última tasación que se realizó en 1989, por lo que su valor actual debe ser mucho mayor. La sociedad pública regional generó unos beneficios de 90 millones de euros en 2008.

Uno de los obstáculos para llevar a cabo esta operación es la oposición de Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno municipal cedió al Canal en 2005 la gestión de la red del alcantarillado por un periodo de 25 años a cambio de 750 millones de euros. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha pronunciado en contra de la operación, que considera "ilegal". También se oponen los 34 municipios gobernados por el Partido Socialista de Madrid, que anunciaron que anularían sus convenios con el ente regional. A esto hay que añadir la oposición de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el organismo regulador en materia de agua en la región.

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, asegura que "con este proyecto el agua dejará de ser de los madrileños para ser de los accionistas de la empresa que se haga con el Canal". "La privatización de esta empresa regional", sostiene Menéndez, "provocaría, casi con toda seguridad, el deterioro de la calidad del agua".

La empresa de aguas es un ente mastodóntico que generó en 2009 unos ingresos de cerca de 740 millones de euros. Tiene una plantilla de más de 2.500 empleados. Cuenta entre sus negocios con siete filiales (Hidraúlica Santillana, Hispanagua, Canal de Comunicaciones Unidas, Canal Energía, Canal Extensia, Gss Venture e Hidroser). Gestiona 14 embalses y controla 14.136 kilómetros de la red de tuberías.

Para salvar todos los escollos administrativos el Gobierno regional quiere constituir una nueva sociedad a la que cedería los bienes del Canal. Esta nueva empresa cotizaría en Bolsa. A finales de 2008, el Ejecutivo autonómico aprobó, casi a escondidas, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una serie de normas que permitían la operación.

La Comunidad debe hacer frente en los próximos 10 años a inversiones por valor de 4.000 millones y se niega a endeudarse aún más. La deuda de la región era a finales del año pasado de 11.576 millones de euros.