Marín Lara declara ante la juez

La acción del caso Acinipo sobre corrupción urbanística en Ronda (Málaga) se trasladó ayer del Ayuntamiento a la plaza de Carlos Cano, donde se ubican los flamantes juzgados de la localidad. A primera hora de la tarde, la juez Judith Isabel Sáiz, cuyo primer destino de su carrera judicial ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, comenzó a interrogar a los primeros detenidos por la trama corrupta. Los ediles socialistas Rafael Lara, antiguo responsable de Seguridad y Contratación, y María José Martín de Haro, exconcejal de Obras y Urbanismo, llegaron sobre las 16.50 en un coche policial cubiertos bajo una manta. Sobre las 19.40, Luis Candelas, abogado del primero, anunció que su cliente había quedado en libertad con cargos después de contestar a todas las preguntas que se le plantearon. El letrado no precisó qué delitos se le imputan y remitió a los periodistas a una rueda de prensa que Rafael Lara ofrecerá en los próximos días. Sobre las 21.00 horas también quedó en libertad Martín de Haro.

En los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, en la capital, pasaron su segunda noche el anterior alcalde rondeño, Antonio María Marín Lara (PSOE), y el secretario del PSOE local, Francisco Cañestro. Ambos han sido puestos hoy a disposición de la juez Sáiz. El auto por el que se dio luz verde a la operación policial citaba, de forma genérica, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

Dos de los detenidos en la operación policial del martes son dos empresarios que ejercen como asesores externos al grupo comercial vasco Eroski. Según fuentes conocedoras del caso, estos empresarios, vinculados a la sociedad Ronda Gestión de Centros Comerciales SL, que iba a levantar un centro comercial en los terrenos del campo de fútbol de Ronda, quedaron en libertad con cargos el mismo martes tras declarar en sus lugares de origen, Valencia y Madrid.

Fuentes del grupo Eroski informaron de que la empresa vizcaína ha vendido las acciones de la sociedad Ronda Gestión de Centros Comerciales SL, de la que atesoraba el 100% de la propiedad, aunque no descartan que en la nueva empresa compradora de las acciones participe alguno de los asesores externos arrestados.

Uno de los ejes de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que se inició tras una denuncia sobre irregularidades urbanísticas en la localidad, tiene que ver con las condiciones de adjudicación de los terrenos de antiguo campo de fútbol municipal para construir el centro comercial. Los terrenos fueron entregados a la empresa constructora local Ruiz Jurado.