El Gobierno regional atribuye a Metro la decisión sobre los responsables de las comisiones

El Gobierno regional se desentiende de la corrupción en Metro de Madrid. A pesar de que la Comunidad interpuso el martes una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra el presunto cobro de comisiones irregulares en la empresa pública madrileña, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Aguirre, Ignacio González, ha atribuido a la misma la depuración de posibles responsabilidades. Tiene que ser Metro la que decida qué hara con los trabajadores implicados, ha venido a declarar el número dos del Gobierno regional. De momento, Metro de Madrid ha abierto expediente a cuatro trabajadores, según han confirmado fuentes de UGT al diario El Mundo. Los cuatro empleados pertenecen al área técnica de Metro, la misma que dirige el gerente de Metro, Ildefonso de Matías: Enrique Fernádez Muntión pertenece al área de Instalaciones, Sistemas y Comunicaciones; Isabel Retana, es secretaria del director de Arquitectura; y Juan Carlos Díez y Jacinto Costumero forman parte del mismo departamento de Arquitectura.

La apertura de expedientes a estos cuatro trabajadores es la primera consecuencia de la denuncia presentada por la consejería de Transportes contra Metro de Madrid, aunque fuentes sindicales han afirmado que podrían abrirse más. Ignacio González ha explicado hoy que el Ejecutivo se ha limitado a poner en manos de los tribunales las denuncias que le han hecho llegar "algunas personas" para que la Justicia realice las averiguaciones correspondientes. Una de las empresas adjudicatarias de Metro fue la que alertó a la Comunidad de Madrid de que algunos de los trabajadores de la empresa pública estaban cobrando supuestamente comisiones por la adjudicación de algunas obras menores.

Fuentes de Metro explican que varios trabajadores habrían constituido una trama, con empresas a su nombre, para cobrar comisiones en dinero o en especie. Los funcionarios incluso se habrían beneficiado de una doble facturación. Metro es una de las sociedades públicas que ha contado con mayor volumen de presupuesto durante los últimos años, debido a la ambiciosa ampliación del suburbano por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. Estos funcionarios son directivos técnicos de una escala intermedia, según reconoció ayer Antonio Beteta, consejero de Transportes e Infraestructuras.

Ignacio González ha justificado la espantada de la Comunidad de Madrid del caso de corrupción en Metro porque el Gobierno regional no tiene la mayoría en la sociedad ni ostenta la presidencia, que es del Ayuntamiento, y por eso ha indicado que es a la empresa pública a la que corresponde actuar si se confirman las ilegalidades. González ha afirmado que la Comunidad "no tiene capacidad" para determinar qué trabajadores del Metro podrían estar detrás de esa presunta trama de cobro de comisiones.

El líder del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado en una visita al municipio de Los Santos de La Humosa que los socialistas se personarán como acusación particular en el caso.