El gerente de Metro dimite por la "división" entre Comunidad y Ayuntamiento

Ildefonso de Matías, gerente de Metro de Madrid desde 2003, ha presentado su dimisión en el Consejo de Administración de la empresa pública, según informan fuentes de la reunión a puerta cerrada celebra este mediodía. De Matías ha justificado su decisión en la "dificultad" de dirigir una empresa pública con una cúpula enfrentada. El gerente es de la confianza del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el consejero delegado, Ignacio González Velayos, afín a la Comunidad de Madrid. Ambos mantienen una tensa relación y dan órdenes contradictorias, según fuentes de Metro. Desde el nombramiento de González Velayos en 2009, solo se han reunido una vez, explican las citadas fuentes. De Matías ha alegado también que se aparta para "facilitar la investigación" por el presunto cobro de comisiones irregulares en las obras de metro

La empresa pública dará cuenta hoy de cómo evoluciona la investigación

Las mismas fuentes explican que De Matías ha tomado la palabra durante el Consejo de Administración para hacer un duro alegato sobre el enfrentamiento en la empresa entre partidarios de la Comunidad y del Ayuntamiento antes de presentar su dimisión. Su cargo será ocupado de forma temporal por el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, José Manuel Pradillo. La renuncia de De Matías se produce una semana después de que la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid presentara una demanda en los juzgados de plaza de Castilla por el presunto cobro de comisiones por parte un grupo de empleados de Metro.

De Matías ha comparecido ante los medios tras dimitir. Ha asegurado que la empresa familiar Plusminusive que se dedica a hacer estudios de obras públicas y que De Matías gestiona desde el año 2000 no ha trabajado con Metro. "Siempre he procurado que la actividad de esta sociedad no comprometiera mi independencia", ha declarado el hasta ahora gerente de Metro. Ha reconocido sin embargo que no observó "algunos procedimientos formales" en la formación de su empresa familiar, porque no se planteo que pudieran surgir incompatibilidades con su cargo en Metro. Acerca de la investigación por posibles comisiones irregulares, ha dicho que ya ha nombrado un instructor.

De Matías ha terminado su intervención sin permitir las preguntas de los periodistas. El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, ha comparecido después y sí ha admitido preguntas. Velayos ha querido manifestar "el apoyo del consejo de administración a todos los trabajadores de Metro de Madrid" ante la denuncia por posibles cobros irregulares. La plantilla supera los 7.000 empleados.

Cuatro trabajadores apartados

La demanda afecta en principio a cuatro trabajadores de escalas inferiores de mando, que han sido apartados de sus puestos a la espera de que se pronuncie el juez o el instructor de la investigación interna abierta por Metro.

Tanto De Matías como el consejero delegado de Metro han comparecido a las doce y media ante el resto de miembros del Consejo de Administración para, entre otros asuntos, dar cuenta del avance de la investigación, que comenzó con la alerta de una adjudicataria de Metro, la empresa Vama Mantenimiento y Servicios. En un escrito enviado durante la última campaña electoral, la administradora de esta empresa advertía de pagos dobles por un mismo servicio o contratos a empresas cercanas, en la que estarían implicados cuatro empleados: Enrique Fernández Muntión (coordinador de comunicaciones), Isabel Retana Gil (secretaria), Juan Carlos Díez (jefe de unidad de obra civil) y Jacinto Costumero (gerente de infraestructuras y obras).

Los dos primeros son matrimonio y dirigen una empresa, Isfer Estudios e Instalaciones SL, que realiza instalaciones y mantenimiento de equipos de transmisión de voz y datos, sin que esté confirmado que trabajara para Metro. La denunciante aseguró que Isfer recibía cantidades de subcontratas de la empresa pública. También alertó de una posible irregularidad en el contrato del pavimento para invidentes instalado en más de un centenar de estaciones y que no cumple con las medidas de seguridad necesarias. El consejero de Transportes, Antonio Beteta, reconoció en su escrito ante el juez que, tras revisar los documentos que presentó esta particular, existen "indicios de que las actuaciones descritas pudieran ser reales y constitutivas de delito".