La justicia al revés

Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables, empresarios y políticos, siguen esperando a que resuelvan sus múltiples recursos para ralentizar la investigación hasta hacerla casi inviable.

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro ha abierto juicio oral contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera judicial. Ni mucho menos.

El juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó esas escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las comunicaciones a los abogados de la trama Gürtel: "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa, sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente".

Pese a los argumentos de estos dos jueces, Pedreira y Suárez Robledano, ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral contra él.

Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción que se sentará en el banquillo de los acusados por este caso antes que los culpables de la red de rapiña que durante 10 años se aprovechó de los fondos públicos de varias comunidades autónomas y una decena de ayuntamientos. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo es el socialista Ángel Luna, juzgado la semana pasada que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el parlamento valenciano un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los medios de comunicación cinco meses antes.

Es la justicia al revés.