La fiscalía no procederá por la vía penal militar contra los controladores

La Fiscalía General del Estado no procederá por la vía del Código Penal Militar contra lo controladores a los que investiga por el plante masivo que el viernes sembró el caos en el espacio aéreo español y forzó al Gobierno a decretar el estado de alarma y movilizar a los vigilantes del aire para que quedasen bajo órdenes de los militares. Los casos bajo investigación seguirán por la vía penal ordinaria, y no la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo.

Fuentes de la fiscalía explicaron que no se procederá por la vía militar porque los supuestos delitos cometidos lo habrían sido antes de que los controladores fueran movilizados. Es decir, que se negaron a trabajar previamente a la militarización. Con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.

Los casos, según estas fuentes, serán revisados "uno a uno". Uno de los objetivos de esta revisión es comprobar quiénes estaban realmente de baja médica, cuántos secundaron la protesta por iniciativa propia y el número de los que se ausentaron de su puesto de trabajo "presionados o engañados " por sus dirigentes sindicales.

Por lo tanto, la fiscalía distinguirá entre los controladores dirigentes y los controladores de base a la hora de juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo al abandonar sus puestos de trabajo el viernes, al inicio del Puente de la Constitución

Varias fiscalías territoriales tienen abiertas causas penales contra los controladores que ahora se enfrentan a una batería de medidas legales. La de Madrid comenzará el jueves a tomar declaración a unos cien controladores.

Además de los expedientes a 442 controladores anunciados por Aena, que pueden acabar en despidos o suspensiones de empleo y sueldo -aunque también con el archivo-, está la vía penal abierta por las fiscalías, las denuncias de Gobiernos como el de Canarias o las de casi 2.000 afectados que se han unido en una plataforma. Esta última se plantea solicitar que los controladores que secundaron la protesta masiva respondan con su patrimonio hasta por 10.000 euros por cada uno de los afectados que hayan presentado denuncia.

También el Gobierno balear se está planteando personarse en la causa abierta por la fiscalía de las islas como acusación particular.

Mientras, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la declaración del estado de alarma para resolver el conflicto con los controladores haciendo alarde de la eficacia de la medida, que "ha dado los resultados deseados, que eran restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas". A preguntas de los periodistas en la celebración del 32º aniversario de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, Zapatero ha explicado que se estudiará, en función de cómo "evolucionen las circunstancias", si se prorroga la medida extraordinaria, decretada por 15 días. Para ello, ha asegurado que tendrá en cuenta "la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios.

El jefe del Ejecutivo ha confiado en que las medidas adoptadas impedirán que se vuelvan a producir "circunstancias de esta naturaleza", en referencia a la huelga salvaje de los controladores aéreos, pero en caso de repetirse, cree que ahora el Gobierno tendrá "más capacidad de reacción". Zapatero ha explicado que comparecerá el jueves en el Congreso para que "la sede de la soberanía popular" tenga "información exhaustiva y en primer lugar en el menor tiempo posible" sobre la crisis.

El presidente del Gobierno se ha defendido de las críticas por que hasta ahora no hubiera dado explicaciones sobre el desarrollo del conflicto y la declaración del estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. "Cuando se toman decisiones de este tipo, la decisión de quién informa forma parte también de la gestión". Y ha asegurado que la resolución de la crisis demuestra que "el proceso de toma de decisiones, cómo, cuándo y quién debía informar ha sido acertado". La declaración del estado de alarma ha sido uno de los temas que han tratado hoy Zapatero y el rey Juan Carlos, quienes han mantenido un despacho habitual en Zarzuela tras el regreso del Rey de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Mar del Plata (Argentina), informa Mábel Galaz.

Mientras, el ministro de Fomento, José Blanco, ha abogado por "pasar página" para seguir dialogando sobre el nuevo convenio de los controladores aéreos, y ha apelado a la "profesionalidad" del colectivo, que se encuentra en estos momentos bajo mando militar y con riesgo de penas de cárcel en caso de negarse a trabajar, pues se les aplicaría el Código Penal Militar.

Blanco ha reiterado que "la mayor parte" de los controladores son "profesionales", pero sus dirigentes sindicales toman decisiones que condicionan al conjunto del colectivo y en las que no ve la misma responsabilidad. "No estoy tan seguro de que los dirigentes tengan la misma profesionalidad que la inmensa mayoría del colectivo", ha comentado en declaraciones a su llegada al Congreso.

Precisamente, César Cabo, uno de los portavoces del sindicato de controladores, ha pedido disculpas a los afectados por la situación "caótica, terrible e inaudita" creada por la reacción "desmedida" del colectivo. Hablando a título particular, por desconocer las consecuencias de sus declaraciones en la actual situación, ha asegurado que la reacción del colectivo no tiene justifcación, pero sí explicación.

"Cuando un colectivo acorralado y machacado desde hace meses se tira al vacío así, arriesgando su patrimonio y su todo, no lo hace por un tema salarial. Esto es una reivindicación laboral. Estamos pidiendo derechos laborales a la empresa desde hace meses", ha dicho. El controlador asegura que AENA podía haber evitado la crisis con una "reunión de diez minutos" para reajustar plantillas.

"Abuso constitucional"

A la entrada de los actos por el Día de la Constitución, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha pedido al Gobierno que levante el estado de alarma, decretado el sábado, antes de que se cumplan los 15 días, y ha puesto en duda que la medida sea conforme a la Constitución. Llamazares ha dejado claro que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de IU para la declaración del estado de alarma y la "militarización" de un sector civil como es el del tráfico aéreo.

Para el diputado de IU, el decreto es un "abuso constitucional", y ha advertido de que la militarización de estos profesonales no está prevista para el estado de alarma, sino para los de excepción y sitio.

Rajoy pide explicaciones

Posición distinta ha mantenido Mariano Rajoy, que ha mostrado el apoyo de su partido a las medidas para solventar la crisis, pero sin renunciar a sacar rentabilidad política. "Aprobaremos el jueves el Real Decreto que ha planteado el Gobierno", ha dicho el líder popular, que no ha aceptado preguntas de los periodistas, para a continuación insistir en pedir explicaciones al Ejecutivo, que "tendrá que dar explicaciones al conjunto de los españoles para que conozcamos por qué hemos vivido una situación tan lamentable".

Durante los actos, Zapatero se ha dirigido a Rajoy, y ambos han hablado unos cinco minutos a la vista de los asistentes. El presidente del Gobierno, en una conversación informal con periodistas, ha destacado el "buen tono" con el que el líder del PP ha acogido las explicaciones que le ha dado por teléfono y en persona sobre las decisiones adoptadas ante la huelga. Zapatero ha señalado que Rajoy fue la primera persona a la que comunicó -por teléfono- el viernes que iba a decretar el estado de alarma, a lo que el presidente del PP le recomendó que tuviera "buena mano".

El líder de la oposición ha explicado hoy que también había hablado por teléfono con Zapatero el sábado por la tarde, y se ha remitido a su intervención del próximo jueves, donde dejará claro la versión y postura del PP.

La moderación de Rajoy contrasta con las duras críticas vertidas por otros miembros del principal partido de la oposición. El diputado del PP Rafael Hernando pedía ayer la dimisión del ministro de Fomento, José Blanco, por haber usado a los ciudadanos "como rehenes y víctimas" del "pulso" contra los controladores, "una casta que el Ejecutivo socialista ha consolidado". Hernando pidió la dimisión del titular de Fomento al demostrarse "incapaz" de negociar con los controladores y por promover la aprobación, el pasado viernes, de un decreto que sabía iba a ocasionar consecuencias "graves".

Por su parte, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha reconocido hoy al Gobierno "la rapidez con que se resolvió" el caos aéreo, pero ha llamado la atención sobre el "extraño precedente" que sienta la declaración del estado de alarma para hacer frente a futuras huelgas de otros colectivos. En declaraciones a Onda Cero, en las que hizo a los controladores "los únicos responsables" de la crisis, González Pons insinuó "una razón política" por la que el Gobierno habría querido meter en el mismo Consejo de Ministros la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y "un nuevo golpe a los que más tienen", en este caso los controladores aéreos.

"Chantaje"

También el presidente del Congreso, José Bono, ha subrayado que los controladores son "los únicos culpables" de la situación. En su discurso durante la recepción organizada por el aniversario de la Constitución, Bono ha dicho que lo sucedido este fin de España ha demostrado que "quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables", y ha dejado claro que este sector ni ha "vencido" en esta ocasión ni "vencerá" quien ose intentar de nuevo "echar un pulso al Estado" mediante el "chantaje".

"La Constitución está viva y plenamente vigorosa, lo hemos visto en estos días inclementes en los que un grupo de ciudadanos ha abandonado sus obligaciones y, echando un pulso al Estado, ha perjudicado gravemente a muchos españoles y a España misma", ha señalado Bono. En este contexto, ha hecho hincapié en que es la propia Carta Magna la que "sabiamente ha ofrecido la fortaleza de su letra" para "alertar" a todos los ciudadanos de "quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables".

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