La justicia británica rechaza entregar a España a un reclamado por vandalismo terrorista

Un tribunal de Londres ha rechazado hoy la petición de extradición a España de Garikoitz Ibarlucea Murua, reclamado por participar en actos de vandalismo terrorista (kale borroka) en el País Vasco entre 2001 y 2002, al considerar "no válida" la orden europea de arresto dictada contra él. La fiscalía británica, que actúa en representación del Estado español, ha anunciado que apelará esta decisión de la juez de la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) Daphne Wickham, que además decretó para Ibarlucea la libertad bajo fianza sujeta a condiciones.

No obstante, Ibarlucea no quedará en libertad de manera inmediata, porque la Fiscalía también tiene previsto presentar recurso contra esta decisión en el plazo máximo de 48 horas ante el Alto Tribunal de Londres.

Ibarlucea Murua, de 29 años, fue detenido en marzo en Londres, donde trabajaba en un restaurante argentino de alimentación orgánica. En octubre de 2002, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya dictó prisión incondicional para Ibarlucea, junto a otros siete jóvenes detenidos en una operación de la Guardia Civil en Guipúzcoa contra la kale borroka, Aritz Sudupe Beraza, Erain Garmendia Lasa, Ibon Aranualde Ijurco, Josu Ozaita Azpiroz, Mikel Ozaita Azpiroz, Jon Otegi Eraso y Goar Jiménez Muguerza.

El abogado del acusado, Mark Summers, argumentó que había discrepancias entre una primera orden de detención y entrega dictada por el Estado español en 2007 y la definitiva de 2010. Las diferencias tienen que ver, dijo el abogado, con la cantidad y gravedad de los delitos que se le imputan a Ibarlucea. Según la defensa, los cargos descritos no se ajustan, por el tipo o por la pena que se les atribuye, con los que se imputaron en un juicio en 2006 a los otros siete jóvenes que fueron detenidos por la Guardia Civil junto a Ibarlucea en Guipúzcoa en 2002.

En ese proceso, la Audiencia Nacional condenó a los acusados por delitos de causar "daños" materiales a penas de uno y dos años de cárcel -que en algunos casos se suspendieron por no tener antecedentes penales-,después de que el fiscal y las defensas alcanzaran un acuerdo. En el caso de Ibarlucea, en la euro-orden del 2010 añadieron delitos previos a ese acuerdo y que acarrean penas más altas por conllevar riesgo para la vida (se aludió a "estragos" en lugar de "daños"), y se sugirió, a diferencia del caso del grupo sentenciado en España, una posible pertenencia a organización armada.

La defensa mantuvo que los delitos por los que las autoridades españolas debían reclamar a Ibarlucea son sólo de "daños" materiales por actividades de valdalismo terrorista sin riesgo para la vida, por lo que la pena de cárcel sería de dos años y el delito ya habría prescrito.

La negativa a entregar a Ibarlucea se suma al caso del etarra Ignacio de Juana Chaos, quien huyó de Irlanda del Norte mientras se tramitaba el proceso para su entrega a españa para declarar como testigo sobre una carta de supuesta exaltación del terrorismo que fue leía cuando el terrorista salió de prisión.