El Gobierno ve posible recuperar por ley el Poder Judicial catalán vetado por el Constitucional
El órgano de gobierno de los jueces catalanes se abordaría con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó ayer hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para reforzar el Estatuto de Cataluña. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, había mostrado la víspera esa disposición y dijo que la abordaría en la reunión que mantendrá este mismo mes con el presidente de la Generalitat para analizar conjuntamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Zapatero, basándose en la propia sentencia, apuntó que algunos aspectos del texto anulados podían ser recuperados por otras vías.
Fernández de la Vega dijo, tras el Consejo de Ministros, que veía "espacio" suficiente para que Cataluña y las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan tener consejos del poder judicial con competencias delegadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el marco de la Constitución.
Este es uno de los aspectos más importantes del Estatuto mutilados por el fallo del Constitucional. El artículo 97 del texto consagraba el Consejo Judicial de Cataluña, y otros 13 artículos anulados abordaban esa misma cuestión.
La vicepresidenta primera aclaró que la anulación de esa pretensión autonomista catalana por el Constitucional no se debía al fondo de la cuestión, sino a la vía elegida. Esto es, que el Consejo Judicial de Cataluña no se podía establecer por la vía del Estatuto, sino por la de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo señala la propia sentencia del tribunal.
No obstante, Fernández de la Vega precisó que esta vía de recuperación de lo anulado por el fallo podrá precisarse más cuando se conozca el contenido completo de la sentencia. Esta se hará pública hacia el 11 de julio y, a partir de esa fecha, Zapatero y Montilla se reunirán para analizarla conjuntamente y para precisar la vía de recuperación del Consejo Judicial de Cataluña.
Fernández de la Vega insistió ayer en un aspecto del discurso político que Zapatero hizo tras la sentencia del Tribunal Constitucional: el del refuerzo de las garantías de autogobierno para Cataluña que ha implicado dicho fallo.
Aseguró que el autogobierno de Cataluña era ahora más firme que antes de la sentencia porque el tribunal ha avalado "los ejes de profundización del autogobierno de Cataluña y sólo se ha retocado alguna cuestión menor".
A partir de ahí, la vicepresidenta primera expresó su "discrepancia" con la posición del presidente de la Generalitat, José Montilla, y, especialmente, con su decisión de convocar una manifestación de protesta por la sentencia. Algunos miembros del Gobierno central, aunque entienden que Montilla tenga que mantener una actitud crítica con la sentencia para no verse arrollado por la marea de protesta nacionalista, temen que las movilizaciones, animadas por el clima preelectoral de Cataluña, puedan acabar por desbordarle.
No obstante, Fernández de la Vega mantuvo una actitud de guante blanco tanto con Montilla como con el líder de CiU, Artur Mas, pese a las declaraciones amenazantes de este último, que no descartó retirar su apoyo a las reformas estructurales de Zapatero si persistía en sus declaraciones. Mas se irritó, sobre todo, porque Zapatero mostró su satisfacción con la sentencia del Tribunal Constitucional y por señalar que "el proceso de ampliación de la descentralización había culminado".
"¿Se ha acabado algo? No", aclaró ayer Fernández de la Vega, en respuesta a Mas. Y añadió: "Aquí lo que se ha culminado es el objetivo propuesto por el Gobierno de impulsar las reformas estatutarias, y ahora lo que hay que hacer es seguir desarrollando el Estatuto porque hay margen para ello".
La actitud conciliadora con Montilla y Mas no la extendió al PP. Se refirió a las declaraciones del ex presidente José María Aznar, que atacó a Zapatero por el "lío" del Estatuto, y a otras anteriores de Mariano Rajoy pidiendo serenidad tras el fallo, y acusó a este último de "falta de autoridad" por "el barullo en el PP, donde se cruzan declaraciones contradictorias".
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