Millet y Montull ya duermen en la cárcel

Cárcel para los saqueadores confesos del Palau. La juez de Barcelona Míriam de Rosa acordó ayer por la tarde prisión comunicada y sin fianza para el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y para su mano derecha, Jordi Montull, por su relación con una operación urbanística para edificar un hotel junto al coliseo musical. Millet y Montull están acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida en una querella que presentó la fiscalía la semana pasada, tras la denuncia de los vecinos, y que en el plazo de una semana ha finalizado con su encarcelamiento.

Los saqueadores habían sido citados a declarar ayer por la mañana por esta causa y su comparecencia se prolongó por espacio de cuatro horas. Hubo una pausa para el almuerzo y a las 15.30 horas, se celebró la vistilla que marca la ley y en la que el fiscal solicitó la prisión incondicional para ambos. Pasadas las ocho de la tarde, ambos acusados abandonaron la Ciudad Judicial de Barcelona en un furgón policial de los Mossos d'Esquadra con dirección a la cárcel Modelo, un lugar ya conocido por Millet, que en el que en la década de 1980 pasó unos días en prisión preventiva por otro caso de corrupción económica que se saldó con una pena leve. Pese a ello, fue rehabilitado socialmente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat y se le puso al frente del Palau de la Música. Posteriormente fueron trasladados anoche desde la cárcel Modelo a la prisión de Brians 2, en Sant

Esteve Sesrovires (Barcelona).

La causa judicial por la que Millet y Montull han acabado en prisión la tramita el Juzgado de Instrución número 10 de Barcelona y es independiente de la que investiga el Juzgado de Instrucción número 30 por el saqueo del Palau, cuantificado ya en más de 35,6 millones de euros y en la que, por el contrario, el juez instructor Juli Solaz no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos.

El fiscal Antoni Pelegrín argumentó en la vistilla para solicitar la prisión de Millet y Montull que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El primero de los argumentos no fue considerado por la juez, al considerar que están sujetos a otro proceso judicial y no han huido. Pero el segundo sí.

Los autos de prisión de Millet y Montull son idénticos y en ellos se razona que existe un "riesgo de ocultación, alteración o destrucción" de pruebas y que resulta "obvia la capacidad de los imputados para influir en este momento inicial de la instrucción en otros posibles imputados o testigos, o que pudieran serlo". La juez explica, además, que ese riesgo ha de relacionarse con la complejidad de la investigación, en la que todavía existen documentos pendientes de recabarse "e intervención de múltiples actores con diferentes intereses".

La tesis de la fiscalía es que Millet y Montull consiguieron la recalificación urbanística de tres fincas de la calle de Sant Pere més Baix afectadas por la construcción del hotel con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, a la que causaron un perjuicio patrimonial de 5,6 millones de euros. Posteriormente, solicitaron presupuestos a varias empresas y asignaron finalmente la construcción a Olivia Hoteles a cambio de una comisión de 900.000 euros que debería haberse ingresado en las cuentas de la Fundación Orfeó Català, pero que fue a parar a los bolsillos de Millet y Montull, según el fiscal. De ahí el delito de tráfico de influencias.

Pau Molins y Jordi Pina, abogados de los dos reos, intentaron desde el primer que no se celebrase la declaración de sus clientes y que la juez Míriam de Rosa se inhibiera en favor de su colega Juli Solaz, pero esta vez no se salieron con la suya. "La tramitación de este tipo de cuestiones de competencia no puede paralizar la tramitación de un procedimiento", responde la juez en los autos de prisión, al tiempo que rechaza el argumento de las defensas de que la querella de la fiscalía no pretendía otra cosa que encarcelar a sus clientes.

Montull reconoció en su declaración ante la juez que anteayer estuvo hablando con un arquitecto del despacho Tusquets que ha de testificar por esta causa y al que solicitó que aportase facturas para justificar como honorarios profesionales el pago de esa comisión de 900.000 euros para los bolsillos de los acusados. Los autos de prisión razonan que este hecho evidencia el riesgo de destrucción de pruebas y de interferir en la investigación de Millet y Montull.

El despacho Tusquets, recuerda la juez, ha realizado importantes obras para el Palau y en numerosas ocasiones ha sido mencionado por los acusados como de su confianza, hasta el punto de que su intervención en el proyecto del hotel era una condición innegociable.

La juez explica que se desconoce el motivo por el cual, si existe esa documentación de que el despacho de arquitectos facturó ese dinero como honorarios profesionales, no fue presentada ayer por los abogados defensores, que sí llevaron al juzgado otro tipo de documentos. De esa manera, se aclararía a qué concepto pertenecen los 900.000 euros, pero nada de eso ocurrió. Por eso, la juez adelantó que las declaraciones testificales que han de realizarse en los próximos días "son capitales para poder determinar si la actuación presuntamente delictiva de los imputados estuvo acompañada de otras".

En otro apartado, la magistrada explica que "es indiscutido el importante ascendente" que, "en especial Millet", ha tenido públicamente hasta hace menos de un año "y que no puede descartarse que, hoy por hoy, pueda seguir teniendo sobre algunas personas". Eso podría influir, dice la juez, en la tramitación de los expedientes administrativos para que ellos pudieran obtener una ganancia económica. Esta capacidad de influencia de los acusados fue incluso reconocida y resaltada por uno de los abogados defensores, quien explicó en la declaración de Millet: "los más altos cargos de España se ponían al teléfono si llamaba" este.

La juez considera que las cartas cruzadas entre Montull y Manuel Valderrama, de la empresa Olivia Hoteles, demuestran esta capacidad de influencia, pues en algunas de ellas se afirma que si no prosperasen las gestiones necesarias se harían llegar "peticiones" al alcalde de Barcelona y al entonces primer teniente de alcalde Carles Martí, entre otros.

Por todo ello, la juez considera que existen indicios más que evidentes de que Montull y Millet cometieron un delito continuado de tráfico de influencias. El próximo día 21 declara como testigo el consejero de Economía, Antoni Castells.