El auto revela connivencias de PSC y CiU con los acusados

El auto de la juez que envió a Fèlix Millet y Jordi Montull a prisión revela las presiones que ambos ejercieron con éxito sobre políticos de casi todos los partidos para que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat no pusieran impedimentos a la recalificación necesaria para construir el hotel del Palau. Entre la correspondencia investigada por la juez se incluyen documentos enviados por Montull a Manel Valderrama, responsable de Olivia Hoteles; Carles Martí (PSC), entonces primer teniente de alcalde de Barcelona; Ramon Massaguer (gerente de Urbanismo), y Mercè Homs (concejal de CiU), así como documentos remitidos por Fèlix Millet a Xavier Trias (presidente del grupo municipal de CiU). Se trataba de conseguir la recalificación urbanística y, según narra Montull a la juez, todos estaban de acuerdo excepto la ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, a la que acusan indirectamente de tener el proyecto parado "demasiado tiempo". En función de esas gestiones, la juez imputa a Millet y Montull el delito de tráfico de influencias. El auto añade que los saqueadores tenían la intención de incidir en la actuación de funcionarios a fin de que no se plantearan obstáculos para la modificación urbanística.

La defensa dice que a Millet se le ponían al teléfono "los cargos más altos"

La denuncia del fiscal sobre el hotel del Palau ha actuado como una bola de nieve, que ha llevado a prisión a los dos saqueadores y ha enterrado el proyecto del hotel. Precisamente, el Ayuntamiento aprobará hoy una moción para iniciar los trámites y tirar hacia atrás los pasos de recalificación para convertir de nuevo las tres fincas en equipamientos; encargará también una auditoría externa y aceptará crear una comisión de investigación (auspiciada por el PP).

ERC, el partido más beligerante contra el hotel, ha logrado que todos los grupos se sumen a la paralización y no quede ningún resquicio abierto. Ramon García Bragado, teniente de alcalde de Urbanismo, salió ayer al paso de las informaciones que apuntan al extraño proceder municipal. "A mí me engañaron", señaló en alusión a que jamás imaginó la magnitud de la estafa y añadiendo que pecó de exceso de confianza.

El concejal, que ha sido citado a declarar por el fiscal, compareció ayer después de que el El Punt y el Avui publicaran sendas cartas de Montull a Carles Martí, ex mano derecha del alcalde, y Massaguer, en las que informaba, en un tono amical, que habían vendido las fincas a la empresa Olivia Hoteles. Bragado señaló que no han encontrado esas misivas (en poder de la juez) y subrayó que solo conoció la cesión a esa empresa hotelera en agosto de 2009, cuando recibió la llamada de este diario que le informó el cambio en el Registro. "Estoy dispuesto a asumir el error", dijo Bragado. Curiosamente, Massaguer declaró entonces a este diario y así se publicó (véase el EL PAIS del 13 de agosto del 2009) que conocían el cambio de titularidad desde 2007 y que fue un fallo no corregirlo en la documentación oficial. Ayer cambió de versión y reiteró que lo supo tras la llamada del diario.

García Bragado admitió sin ambages que en 2004, estando en el Departamento de Presidencia con Pasqual Maragall, hizo gestiones para consumar la permuta de la edificabilidad que desatascara el proyecto del hotel. "No recibí ninguna orden. Yo venía de ser gerente de Urbanismo", recordó. El auto tampoco deja en buen lugar a la Generalitat: el tripartito aprobó el convenio con la fundación sin autorización del Consell Executiu. Montull declaró ante la juez que en la Dirección de Patrimonio le contestaron con un "todo es posible" cuando les planteó la permuta.

El tripartito ha intentado que la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Palau se ciñera a investigar la supuesta financiación irregular de Convergència y no se ampliara al hotel. El objetivo era impedir la comparecencia del consejero de Economía, Antoni Castells. Pero su bula parece haber tocado a su fin. Fuentes de la dirección de Esquerra y de Iniciativa dieron ayer por hecho que Castells deberá comparecer en el Parlament. ICV ya ha pedido formalmente al presidente José Montilla que fuerce la comparecencia de Castells. Un portavoz de Economía aseguró que no hay ninguna decisión tomada: "El consejero comparecerá si lo pide el Parlament".