"Estamos contentos, pero aún no podemos bajar la guardia"
Los cinco absueltos por el 'caso Egunkaria' han asegurado que sus abogados están estudiando las posibles indemnizaciones, que no les sorprendería que sus acusadores recurran el fallo y que esperan la inhibición de la pieza económica a la justicia ordinaria
Los cinco directivos del diario Egunkaria absueltos el lunes por la Audiencia Nacional de un delito de colaboración con la banda terrorista ETA se han mostrado esta mañana "contentos y satisfechos, pero sin bajar la guardia" por la sentencia que repara un error cometido hace siete años cuando el juez Juan de Olmedo ordenó el 20 de febrero de 2003 el cierre del único diario íntegramente en euskera.
Durante la comparecencia que han ofrecido a los medios de comunicación en Andoain (Guipúzcoa), a escasos metros de la sede del periódico Berria, proyecto que nació de las cenizas de Egunkaria, el presidente del consejo de administración de Euskaldunon Egunkaria, Joan Mari Torrealdai, ha leído un comunicado junto a sus compañeros Martxelo Otamendi, Ignacio Maria Uria, José Maria Auzmendi y Javier Oleaga, en el que han reconocido "haberse quitado una pesada carga que durante siete años los ha mantenido colgados en una oscura incertidumbre bajo la amenaza de un futuro aún más oscuro". A pesar de la satisfacción y la sensación de victoria que manifestaron, los acusados creen que no se debe "bajar la guardia porque esto no ha acabado y aún hay mucho por recorrer".
En ese camino queda pendiente por saber si la acusación, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo, que es lo más previsible; si los tribunales deciden indemnizar por daños y prejuicios el cierre del periódico, y por último, si se consigue que la pieza económica del caso Egunkaria -en la que se acusa al rotativo de irregularidades fiscales y contables- pase a la justicia ordinaria. Ahora, tras la absolución, no estaría ligada a un caso de terrorismo, y por tanto, los directivos de Egunkaria creen que ya no corresponde a la Audiencia Nacional.
Esta última parte del sumario es en la que se hallan las penas más severas, ya que la acusación solicita hasta 26 años de cárcel y 33 millones de euros. En este sentido, los directivos del rotativo vasco se preguntan por "el resarcimiento por los perjuicios generados con motivo del cierre de la empresa y los causados a los miles de lectores de Egunkaria".
Por eso, han pedido prudencia y se han negado a dar detalles sobre las peticiones que hará su defensa como compensación a estos daños causados por la decisión de cerrar el diario. Justificaron la ausencia de los abogados durante la rueda de prensa a que se encuentran ahondando en el contenido de la sentencia, un fallo "previsible que finalmente ha llegado, pero delicado".
"Durante este tiempo hemos estado detenidos, incomunicados, hemos sido torturados, encarcelados y tanto nosotros como nuestras familias hemos vivido de forma limitada", ha recordado Joan Mari Torrealdai. En este sentido, la sentencia en el caso Egunkaria no excluye que los acusados pudieron ser torturados, tal y como ellos mismos denunciaron cuando los procesados relataron con detalle en el juicio, y previamente ante el juez Del Olmo, que habían sufrido malos tratos y torturas cuando estuvieron incomunicados.
También hubo palabras de agradecimiento, principalemente para la sociedad vasca, pero también para las constantes muestras de apoyo procedentes de Cataluña y Madrid. "La sociedad catalana lo ha vivido como algo propio y los amigos de Madrid, a contra corriente, se han movilizado a nuestro favor a pesar de haberles ilegalizado manifestaciones e insultado", señalaba el comunicado. El 25 de abril, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, se materializará ese agradecimiento colectivo con un acto con familiares, amigos y seguidores de Egunkaria.
Finalmente, Javier Oleaga, miembro de la directiva de Egunkaria, aludió a la singularidad de la sentencia en la que los jueces han determinado que no existían razones para el cierre de Egunkaria, ya que no se trataba de una empresa o de una sociedad normal, sino de un medio de comunicación asistido por el derecho de libertad de expresión. Oleaga señaló que la sentencia también critica que no se investigara si la línea del periódico era de apoyo a ETA.
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