El Gobierno exigirá una renuncia "pública, notoria y fehaciente" de la violencia a los ediles 'abertzales'
El Ejecutivo impulsa una reforma legal para "blindarse" ante las "artimañas" de la izquierda radical vasca
El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana someter al Parlamento una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para evitar que la izquierda radical vasca pueda colar una lista en las elecciones municipales de 2011. El objetivo del Gobierno es "blindar" la norma "para que no quepan recovecos, artimañas ni escondites", según ha explicado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
"Para hacer política sólo hay un camino: el cumplimiento de las normas. No hay atajos. La violencia no cabe de ninguna forma. Los derechos políticos sólo pueden ejercerse desde el cumplimiento de la legalidad", ha añadido De la Vega.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado sin muchos detalles los mecanismos legales aprobados hoy para incorporar "casi 10 años de experiencia y jurisprudencia" a la normativa y ser "más eficaces" a la hora de impedir que "haya quien se aproveche de las instituciones para defender la violencia".
- Se amplía el plazo para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado puedan recurrir una candidatura que, a lo largo del proceso electoral, enarbole la bandera de un partido ilegalizado. Se quiere evitar así que un partido, una agrupación, una coalición o una candidatura tuviera la voluntad de continuar la tarea de una formación ilegal pero se quitara la careta cuando ya no hay plazo para impugnarla.
- Si un representante político ha sido elegido dentro de una candidatura correcta durante las elecciones pero ilegalizada a posteriori, se podrá aplicar lo que Rubalcaba ha calificado de "incompatibilidad sobrevenida". Ha puesto como ejemplo el caso de un diputado que, en mitad de la legislatura, sea elegido magistrado del Tribunal Supremo, viéndose obligado a renunciar a su acta si acepta ese nuevo puesto. El concejal de una formación ilegalizada después de las elecciones deberá "renunciar a los principios de ese partido o renunciar al acta". Lo que no ha explicado Rubalcaba es qué tipo de acto de renuncia se va a pedir para que tenga eficacia jurídica. Lo más que ha dicho, ante la insistencia de los periodistas, es que deberá ser "público, notorio y fehaciente".
- En el caso de que un concejal dimita y no haya quien quiera sustituirle (lo que ahora sucede en 26 municipios vascos y navarros por la presión del entorno de ETA), se creará un mecanismo "excepcional" para que la Administración que tutela al Ayuntamiento (la Diputación Foral, en estos casos) se encargue de la cuestión.
Rubalcaba: "O votos o bombas"
Los ministerios de Interior, Justicia y Política Territorial llevan más de un año trabajando en esta reforma en una subcomisión parlamentaria, pero el anuncio de hoy viene mediatizado por la denuncia realizada el martes por el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, acusando al Gobierno de negociar con la organización terrorista ETA para obtener réditos electorales. Tras un guirigay de voces encontradas en el seno del partido conservador, su presidente, Mariano Rajoy, quiso dejar claro ayer su respaldo a Mayor Oreja.
En la rueda de prensa, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que el PP "sabía que [el Gobierno] estaba trabajando en esto, y en qué sentido". "No tenían el texto, pero sí las líneas", "hoy se la haremos llegar", ha añadido el ministro.
A preguntas de los periodistas, Rubalcaba ha asegurado que Mayor Oreja "no ayuda" con sus declaraciones. Su "reproche" para el eurodiputado se fundamenta en que, en su opinión, mina la "firmeza y unidad" de la lucha antiterrorista, precisamente cuando "todo el mundo entiende que a través de la palabra y las modificaciones legales el Gobierno está mandando un mensaje" fuerte y unitario. "No entiendo por qué ahora se producen estas distorsiones", que "están fuera de lugar", ha añadido.
Pero si pudieran caber dudas aún, el ministro ha vuelto a recalcar su mensaje: "O rompen con ETA, o convencen a la banda de que deje la violencia de forma definitiva y unilateral. Si no lo hacen, el Estado tratará, aplicando las leyes, de que no comparezcan a las elecciones".
Además, ha querido dejar claro que el calendario de la reforma no se ha visto afectado por las palabras de Mayor Oreja. "El plazo era el 12 de abril", ha dicho, en referencia a los trabajos de la subcomisión.
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