8.112 municipios, una sola voz y ninguna respuesta

Los ingresos derivados del modelo de financiación local caen un 18,2%, lo que supone que los ayuntamientos disponen de 3.000 millones de euros menos con los que responder a las múltiples demandas de servicios públicos

Es el ámbito municipal el que mide mejor que muchos indicadores la verdadera calidad de vida de una sociedad, porque los municipios españoles vertebran nuestro país y prestan los servicios que en muchas ocasiones corresponden a otras administraciones. En suma, buena parte de aquello que hace posible el desarrollo de un país y los proyectos personales de los individuos y las familias que lo sacan adelante soportan las insuficiencias de un sistema que debería haberse reformado hace ya mucho tiempo. Todo eso se ve, se constata, se percibe en nuestras calles y plazas, en los servicios que ofrecemos, en las necesidades que resolvemos, aun cuando muchas veces no seamos competentes para ello y se nos nieguen los recursos para hacerlo ?en realidad, no a nosotros, sino al ciudadano?. Así que no caben aquí invocaciones huecas, sino compromisos palpables.

La situación de nuestros municipios es dramática, a pesar de que se pretenda dar una falsa imagen de normalidad. En estos momentos, la merma de los ingresos municipales es doble. Por un lado, se ha producido una caída sin precedentes de la recaudación derivada del sector inmobiliario, del 30% en los impuestos de plusvalía municipal y en el de construcciones, y por la desaparición de lo que nunca debió ser un recurso habitual, como es la venta de suelo. Pero por otra parte, este descenso, en lugar de ser compensado, ha sido agravado, dado que los Presupuestos para 2010 de la Administración General del Estado consolidan la mayor caída de la financiación local de la democracia, dejando a los ayuntamientos abandonados a su suerte. Lejos de corresponderse con el espejismo oficial que tratan de proyectar cuando prometen un aumento del 14% ?y que se basa en el olvido de una parte de la financiación relacionada con los tributos cedidos y en comparaciones heterogéneas de situaciones distintas?, lo cierto es que los ingresos derivados del modelo de financiación local caen un 18,2%. Eso significa que los ayuntamientos disponemos de 3.000 millones de euros menos con los que responder a las múltiples demandas de servicios públicos de los ciudadanos, que ni son atendidas por otras Administraciones ni reciben dotación presupuestaria a través de la correspondiente transferencia financiera a las haciendas locales. Aún más: si computamos los ingresos extraordinarios del llamado Plan E, esa caída de la financiación se eleva hasta el 24% en 2010.

En plena crisis, los ayuntamientos, las PYMEs que contratan con ellos, los trabajadores de éstas, los ciudadanos que reciben estos servicios, deben pasar con casi la cuarta parte menos de unos recursos que ya eran exiguos. Un fatal error de diagnóstico que no entiende dónde reside la solución a una crisis que está dejando de ser internacional para volverse, por desgracia, específicamente española.

Especialmente grave resulta el hecho de que el Gobierno de España haya optado por no compensar a los ayuntamientos las pérdidas que están sufriendo como consecuencia de las decisiones fiscales que él ha decidido adoptar. Las bajadas de impuestos derivadas de la canalización de algunas de sus medidas sociales ?tales como el Cheque-bebé o la deducción de los 400 euros? a través del presupuesto de ingresos en lugar de articularlas como políticas de gasto que sólo habrían generado impacto en su presupuesto, ha provocado una merma de los ingresos municipales que el Gobierno se niega a reponer a las arcas municipales, conculcando con ello el principio constitucional de lealtad institucional, que es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta nuestro sistema político.

Es hora de actuar, y aunque no se hayan apoyado por el Gobierno las enmiendas a los Presupuestos Generales para 2010 que reflejan lo que en la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha aprobado por unanimidad, debemos insistir en las correcciones que pueden paliar esta situación, a la espera de una reforma global del sistema. Se trata, por un lado, de emplear el 60% del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para que no se vean recortados servicios públicos esenciales, y destinar el 40% a nuevas inversiones generadoras de empleo, aunque sea temporal. Por otro, de acometer la siempre aplazada segunda descentralización, de modo que los ayuntamientos participen en los ingresos de las Comunidades Autónomas y se haga efectivo así el mandato constitucional del Art. 142, objetivo en cuya consecución no debemos cejar. Porque bastante grave es ya que el Gobierno demore al menos hasta 2011 la reforma de la financiación, con el pretexto de unas "circunstancias actuales" que no le han impedido aportar 11.000 millones de euros más a las Comunidades Autónomas. Nuestra responsabilidad, por el contrario, consiste en conseguir los medios para que, si los 8.112 ayuntamientos de España podemos ser "terminales de inversión del Plan E", también lo seamos para prestar los servicios públicos esenciales que merecen nuestros ciudadanos.

Alberto Ruiz-Gallardón es alcalde de Madrid.