Garzón archiva provisionalmente por falta de pruebas la causa contra BNP Paribas y Cahispa
El banco y la aseguradora estaban acusados de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido archivar las actuaciones de la Operación Suéter, que investigaba varias empresas relacionadas con la aseguradora Cahispa y con el banco BNP Paribas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Casi tres años después del registro de las sedes de las entidades, Garzón ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa a raíz de un informe del Ministerio Fiscal que afirma que "no ha sido posible obtener elementos de prueba con fuerza suficiente para acreditar, al menos indiciariamente," que se hubieran cometido dichos delitos.
En virtud del auto del 29 de junio, dejan de estar imputados el ex presidente de Cahispa, Arturo Guilló, y dos altos directivos de la aseguradora catalana, Leandro Kremen y Julio Sánchez-Cozar, así como dos directivos de BNP Paribas.
"Anomalías y elementos de riesgo"
La Operación Suéter investigaba una estructura fiduciaria montada en torno a la empresa Aquarius Capital Investment Ltd, que junto con las sociedades Xenón Capital Public y Sherlock Ltd. colocaron fondos por valor de 2.025 millones en varias entidades financieras españolas. Esa operación conllevó el registro el 2 de noviembre de 2006 de oficinas de BNP Paribas, Cahispa, Cartera Meridional y Banco Espirito Santo, en los que intervinieron incluso las fuerzas de seguridad y que se iniciaron tras un aviso de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.
El informe de la Fiscalía en el que se basa la decisión del juez Baltasar Garzón destaca no obstante las "anomalías, singularidades y elementos de riesgo" en la operativa de las sociedades investigadas, que según BNP Paribas eran una alternativa a las posibilidades de financiación del mercado interbancario.
Pese a esas "prácticas ciertamente no habituales", la Fiscalía Anticorupción admite que no ha podido probar el presunto blanqueo de capitales al afirmar que "no ha sido posible reconstruir una traza hacia un origen singular de los fondos invertidos" por las sociedades.
El propio Banco de España dio a entender la existencia de irregularidades cuando en un informe del 8 de mayo de 2007 aseguró que estos "vehículos de propósito especial" o SPV, según sus siglas en inglés, no respondían a la mecánica habitual de operaciones de liquidez alternativas al mercado interbancario, y contaban además con intervinientes atípicos, como Cahispa, "distinto de los brókers que suelen intermediar en dicho mercado".
La Fiscalía reconoce que la información recabada sólo permite constatar "la participación activa y continuada de Cahispa en las operaciones de depósito en entidades españolas desde sus momentos preliminares, sin poder dar a su intervención un contenido más amplio que el que correspondería a un presentador e intermediario entre la entidad que aportaba los fondos, BNP Paribas, y las entidades depositarias españolas".
El archivo de las actuaciones contra BNP Paribas y Cahispa -que está actualmente intervenida por la Dirección General de Seguros- sigue al sobreseimiento que el propio titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid acordó en diciembre de 2006 en relación al financiero gallego José Alberto Barreras Barreras, administrador único de la sociedad Cartera Meridional.
