Navarro dice que "dulcificó" los detalles de las muertes para que las familias "no se torturaran"

El juicio por las identificaciones erróneas en el accidente del Yak 42 ha quedado este martes visto para sentencia con los informes finales de las defensas del general Vicente Navarro, del comandante José Ramírez y del capitán Miguel Sáez. "El acta de identificación no goza de esa veracidad inmaculada que le han venido dando las acusaciones", ha afirmado el letrado encargado de la defensa, quien ha cargado la responsabilidad de los errores a los turcos y ha pedido la libre absolución del acusado.

El general Navarro se ha declarado "inocente" en su turno de última palabra y ha defendido su trayectoria profesional. El acusado ha reconocido que decidió que de la información que se diera a las familias fueran eludidos los detalles más escabrosos para que "no se torturaran", informa Miguel González. En su opinión, trató de "dulcificar" los datos de las circunstancias en que se produjeron las muertes de los 62 militares. "Yo no me considero esquizofrénico, no soy un doctor Jekill y Mister Hyde, ¿voy a revolverme a hacer daño a las familias para qué?", se ha preguntado. "Habría sido una perversión inexplicable", ha apuntado el general.

La "prisa" de los turcos

"Quienes tenían prisa por quitarse de en medio todos aquellos cadáveres eran las autoridades turcas. Confeccionaron esa acta de identificación en turco y en el que se hace firmar a dos forenses que no participaron en las tareas. No se les dio copia a los españoles ni en turco ni en inglés. Navarro ha dicho que no se leyó públicamente ese párrafo -en el que se menciona que había cuerpos sin identificar-", ha indicado el abogado. Según el testimonio de varios testigos que han pasado por la Audiencia, incluidos dos forenses cuya declaración no estaba inicialmente prevista, el equipo español firmó el documento sabiendo que había 30 cuerpos sin identificar porque tenían prisa para regresar a tiempo al funeral de Estado. El fiscal también planteó ayer este argumento en su informe final.

"La cadena de custodia les correspondió a los turcos; fueron los únicos que manipularon los cadáveres y entraron en las cámaras". "¿Qué credibilidad tiene esa acta y sus autores?", ha añadido el letrado para referirse al equipo de forenses locales, que en su opinión "hicieron desaparecer" un cadáver y realizaron la lista con un "cambalache" de restos. "Ninguna -ha proseguido-, salvo que queramos dar carta de naturaleza a un documento que contiene menciones falsas".

Petición de cárcel

Al margen de la solicitud de los familiares de continuar investigando a los responsables políticos, el fiscal del caso, Fernando Burgos, pidió ayer cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus ayudantes, Ramírez y Sáez, al considerar que se "inventaron" los nombres de quienes no pudieron ser reconocidos. El ministerio público considera probado que el equipo médico español actuó con premura para repatriar los cuerpos aun sin identificar, posiblemente para llegar a tiempo al funeral. El abogado de Navarro ha insistido en que el general no obtenía "ningún beneficio" falseando las listas. "Fueron correctas con independencia de que la entrega de 30 cadáveres no fue correcta en la morgue".

La defensa del comandante Ramírez y del capitán Sáez, quienes realizaron las necropsias a partir de las cuales se elaboraron los certificados de defunción, ha pedido también la absolución de ambos al no existir, en su opinión, "ninguna prueba" que pueda incriminar a los dos oficiales. El abogado ha atribuido al general Navarro el "dominio" del acto de reconocimiento y repatriación de los cadáveres y ha asegurado que Ramírez y Sáez no participaron en la confección de la lista que contenía errores en las identidades.

Preocupación de Trillo

"A Trillo le preocupa que sus colaboradores sean sancionados". Después de que los familiares de víctimas del Yak pidieran ayer en el juicio por las identificaciones erróneas que se siga investigando a quienes obtuvieron "beneficio político", el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha admitido hoy en una entrevista en Punto Radio que el ex ministro de Defensa tiene la "conciencia tranquila", pero teme que algún miembro de su equipo pueda verse implicado.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, rechazó que comparecieran como testigos el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el ex ministro Trillo, tal y como solicitaban las acusaciones. Rajoy ha insistido hoy en que Trillo ha sido "objeto de querellas criminales" que no se han admitido a trámite y, durante el juicio en la Audiencia Nacional no ha sido llamado a declarar "ni siquiera como testigo". En su opinión, ya se han pedido disculpas por "los errores que se pudieron cometer". El fiscal solicitó además el pasado 27 de marzo que acudiera a declarar Jiménez Ugarte, lo que también fue rechazado. El número tres de Trillo se encargó de hablar con las familias y trató de impedir que las autoridades turcas les recibieran, como consta en una carta que le envío a Trillo en marzo de 2004.

De acuerdo con otra carta escrita en junio de 2004 por el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre, cuyo destinatario era el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, el "círculo íntimo" de Trillo conocía los errores. Ese grupo de confianza estaba compuesto por el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y el propio Bretón. "Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo", decía entonces Alejandre, pese a que en su declaración ante el tribunal negó saber quiénes lo componían.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que se produjeron errores, pero ha defendido la actuación de los responsables de Defensa. "Ahorrar sufrimiento a las familias en aquel momento tan duro no parece que sea para criminalizarlo; no se puede criminalizar a quienes trataron de acortar el dolor", ha indicado. A estas declaraciones ha reaccionado con contundencia el portavoz de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Sencianes. "¿Qué nos tiene que decir la señora Aguirre a las familias cuando nosotros acudimos al Ministerio de Defensa? Vale ya de hipocresía porque ocupan cargos políticos", ha asegurado Sencianes en la Cadena Ser. "Las familias no pedimos que se nos trajera a los muertos en 48 horas. Lo que hicieron sí que es proporcionar dolor", ha añadido.

El abogado de una de las aseguradoras que firmó una póliza con Defensa ha apuntado hoy a las responsabilidades políticas: "La tarea de identificación y repatriación no causa el daño a los familiares, sino la entrega de los cadáveres. Esa entrega no entra dentro del ámbito de responsabilidad de los tres acusados. Estaríamos hablando de decisiones políticas".

Rajoy: "La gran preocupación de Trillo es que puedan sancionar a alguno de sus colaboradores"