El fiscal pide cárcel para tres militares por "inventar" identificaciones del Yak

"No existía la más remota posibilidad de que estuvieran identificados" cuando se organizó el funeral de Estado por las víctimas del Yak-42, y por eso, se inventaron sus identidades. Es la conclusión que expuso ayer el fiscal Fernando Burgos en la Audiencia Nacional. El general Navarro, uno de los tres militares acusados por las identificaciones erróneas, se limitó a "rellenar" con nombres los huecos de la lista de cuerpos que estaban sin identificar porque tenía "mucha prisa". "Los cadáveres tenían que salir inmediatamente hacia España", añadió el fiscal. El funeral se celebró sólo tres días después del accidente.

La decisión de hacer las cosas como se hicieron, mal y deprisa, "estaba tomada desde el primer momento". Sólo eso explica, a juicio del fiscal, que no se tomaran muestras de ADN de los cuerpos carbonizados, que el biólogo y el odontólogo que se trasladaron a Turquía no llegaran a intervenir en las identificaciones o que los tres militares acusados dejaran el hotel tras la primera noche.

Los tres acusados, el general Navarro, el comandante Ramírez y el capitán médico Sáez, sabían perfectamente que en las bolsas y en los féretros "no estaban los restos de las personas que decían". "Son médicos", recalcó el fiscal, y "estaban en pleno ejercicio de sus facultades mentales". Por ello, solicita cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para Sáez y Ramírez por un delito continuado de falsedad documental. Al falsearse la lista de cuerpos y las necropsias, se falsearon también los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y registros de los cementerios.

En la recta final del juicio, los abogados de las familias anunciaron ayer que seguirán pidiendo justicia a la justicia y que desean que la investigación continúe para que respondan "los autores intelectuales" de las identificaciones erróneas. Consideran que el único beneficio de hacer las cosas como se hicieron era político y que los tres militares que se han sentado en el banquillo, los "autores materiales", se limitaban a cumplir órdenes.

De las declaraciones de los testigos y los acusados durante el juicio se deducen, según los abogados de las familias, indicios de delito que apuntan a otros cargos políticos y militares no imputados en la causa, y por eso solicitaron al juez Bermúdez deducción de testimonio por la comisión "como mínimo, de un delito de encubrimiento contra todas aquellas personas que se deduzca han ocultado el delito para impedir su descubrimiento o han dificultado la investigación judicial abusando de sus funciones públicas".

Así, los abogados recordaron que el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz y el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre se contradijeron durante el juicio, por lo que uno de los dos podría haber cometido un delito de falso testimonio. Recordaron también que Javier Jiménez-Ugarte, ex número tres del entonces ministro de Defensa Federico Trillo, viajó a Turquía para intentar que los forenses turcos asumieran sus errores o que las autoridades ocultaron entonces el acta de entrega de los cuerpos, la misma que Navarro aseguró haber firmado sin saber lo que firmaba, porque "estaba en turco" pese a que la tradujo un intérprete de español.